El Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, a cargo de Gloria Zalazar, confirmó que el Servicio Externo de la Policía del Chaco se mantiene en plenas funciones y no será disuelto. La respuesta de la funcionaria surgió luego de que un medio de comunicación difundiera la noticia falsa de la supuesta disolución del organismo, vinculada a un presunto caso de violencia institucional ocurrido el 31 de enero.

En esa oportunidad, dos policías de la Comisaría Tercera de Fontana – pertenecientes al Servicio Externo – habrían participado de un hecho de violencia en las calles de Resistencia. A partir del caso, las autoridades del Ministerio adoptaron las medidas correspondientes con el objetivo de establecer la autoría y responsabilidad de estas acciones, desde el momento en que la Policía del Chaco tomó conocimiento.

Es así que dos policías se encuentran suspendidos preventivamente con retención de haberes, mientras se continúa investigando su responsabilidad en los sucesos. La víctima se encuentra internada y estable de acuerdo a los partes médicos del Hospital Perrando.

Se conformaron equipos de trabajo para establecer los autores materiales de las lesiones que sufrió la víctima. Tras recabar evidencias, tomar declaraciones, analizar las filmaciones de cámaras de seguridad, y reconstruir los sucesos con la colaboración de distintas unidades de la Policía del Chaco, se pudo constatar la identidad de los sujetos que abordaron antes a la víctima.

El Órgano de Control Institucional resolvió instruir sumario administrativo, y se procedió a notificar como medida preventiva la suspensión de funciones con retención de haberes a dos policías, por darse los alcances del artículo 145° y 147° del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial.

Desde el Gobierno se destacó la investigación activada de manera inmediata con el fin de investigar el hecho de violencia institucional denunciado por una ciudadana. Así como la rápida identificación de los probables autores, actuando con respeto por el principio de legalidad y el debido proceso, preservando la prueba relevante e incorporando debidamente la prueba de cargo necesaria. Todo esto, con el objetivo de proceder a la adopción de las medidas razonables que atribuyan la responsabilidad administrativa correspondiente y den sustento a las posteriores acciones penales y civiles que corresponden en el caso.

Las fuerzas de seguridad están dedicadas a preservar los derechos de las personas y no a violentarlos, razón por la que se instruyeron todas las medidas internas destinadas a encontrar a los autores, apartarlos preventivamente de la institución y someterlos a un proceso acusatorio con el debido respeto por sus garantías de defensa, de tal modo de adoptar finalmente las sanciones proporcionales a las violaciones producidas y que permitan restablecer la confianza que se merece la institución policial.