El Senado aprobó un proyecto que limita el uso de los DNU

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El Senado de la Nación aprobó este jueves un proyecto que pone un freno al uso discrecional de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una de las herramientas más controvertidas del presidencialismo argentino.

La iniciativa, que ahora pasará a Diputados, cambia la lógica vigente desde 2006 y obligaría a que cada decreto sea convalidado en un plazo máximo de 90 días corridos por ambas Cámaras con mayoría absoluta.

En caso de que uno solo de los cuerpos legislativos lo rechace, el DNU quedaría automáticamente sin efecto, a diferencia de lo que ocurre hoy, cuando la falta de tratamiento parlamentario lo mantiene vigente de manera indefinida.

Un límite al “gobierno por decreto”
La propuesta también establece que cada DNU deberá circunscribirse a una sola materia, evitando textos que mezclen disposiciones de distinto alcance. El cambio busca poner fin a lo que legisladores opositores califican como “abusos” y “desviaciones” de la herramienta.

“Los DNU son instrumentos de excepción que contravienen la idea de división de poderes. Sancionar esta modificación evita, en buena medida, la tentación de gobernar con la suma del poder público”, sostuvo Alejandra Vigo, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y miembro informante del proyecto.

Desde la UCR, Pablo Blanco remarcó que “se viene a terminar con la pésima costumbre que varios gobiernos han tenido sobre el uso y abuso de los DNU”, en clara alusión tanto al actual oficialismo como a administraciones anteriores.

Qué puede pasar en Diputados
Si la iniciativa es aprobada en Diputados, la Casa Rosada perdería la posibilidad de extender la validez de los DNU sin plazo. No obstante, desde el oficialismo anticipan un posible veto presidencial si el proyecto avanza.

En la práctica, la reforma pondría en jaque al mega DNU 70/2023 de desregulación estatal, hoy base del andamiaje normativo del gobierno de Javier Milei. La votación final en Diputados marcará si el Congreso logra, después de casi tres décadas, imponer un verdadero contrapeso al uso de decretos presidenciales.

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