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El Senado aprobó la nueva Ley de Discapacidad

Publicado en 4 min de lectura

La iniciativa establece un régimen permanente que reemplaza al esquema de emergencia, cuya vigencia finalizaba el 31 de diciembre. Mantiene las pensiones no contributivas, la cobertura médica, la compatibilidad con el empleo y la actualización de los aranceles de los prestadores.

El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, tras aprobarlo por unanimidad con 71 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones.

La iniciativa, que ya contaba con una amplia aprobación de la Cámara de Diputados, deja atrás el régimen de emergencia que vencía el próximo 31 de diciembre y establece un marco permanente para garantizar la continuidad de las prestaciones y los mecanismos de asistencia destinados a las personas con discapacidad.

La sanción llegó después de varias semanas de negociaciones entre el oficialismo y los bloques opositores, que habían reclamado modificaciones para asegurar el financiamiento del sistema, mantener los beneficios y establecer mecanismos de actualización para los prestadores.

Qué establece la nueva ley

Uno de los principales puntos de la norma es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, que equivalen al 70% del haber mínimo jubilatorio.

Además, establece que el beneficio será compatible con un empleo formal o la inscripción en el régimen de monotributo, siempre que los ingresos del titular no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. Para acceder a esta prestación se requiere contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La legislación también mantiene el nomenclador único de prestaciones y establece la actualización automática de los aranceles de acuerdo con la movilidad jubilatoria, con el objetivo de dar mayor previsibilidad a los valores que perciben los prestadores.

Cobertura médica y financiamiento

Otro aspecto central es la continuidad de la cobertura sanitaria a través del Programa Federal Incluir Salud para los titulares de pensiones no contributivas que no cuentan con otra obra social.

La norma también establece que las partidas presupuestarias destinadas al área de discapacidad no podrán disminuir en términos reales respecto del año anterior. En caso de que los recursos asignados resulten insuficientes, se contemplan mecanismos de compensación.

En relación con las deudas que el Estado mantiene con los prestadores, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar las compensaciones pendientes en un plazo máximo de 90 días corridos.

Auditorías y controles sobre las prestaciones

La nueva legislación incorpora un sistema de auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso y permanencia en los beneficios.

Los controles contemplan el cruce de información entre distintos organismos públicos, entre ellos ANSES, ARCA, RENAPER y el SINTyS.

También se establecen garantías para los beneficiarios, como la notificación fehaciente y la posibilidad de presentar un descargo ante eventuales irregularidades, bajo el principio del debido proceso inclusivo.

Por otra parte, la ley prevé la participación del Consejo Federal de Discapacidad en el diseño y seguimiento de las políticas públicas destinadas al sector.

Un debate atravesado por diferencias políticas y presupuestarias

Durante el tratamiento legislativo, distintos senadores destacaron la necesidad de garantizar la continuidad de las prestaciones, aunque también plantearon diferencias respecto del financiamiento y la implementación de la nueva normativa.

Desde los bloques opositores se cuestionaron las partidas previstas para discapacidad en el Presupuesto 2027 y se advirtió sobre la necesidad de garantizar que los recursos establecidos en la ley se traduzcan efectivamente en prestaciones.

La senadora Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, adelantó su acompañamiento y cuestionó que el debate se hubiera postergado hasta el final de la vigencia del régimen de emergencia.

Por su parte, el senador Martín Soria hizo referencia al reclamo del papa León XIV en favor de las personas con discapacidad, mientras que el radical Maximiliano Abad destacó la importancia de que el Estado garantice condiciones de inclusión.

Desde el oficialismo, el miembro informante Agustín Monteverde sostuvo que el proyecto no implica recortes y aseguró que el Presupuesto 2027 contemplará los recursos necesarios para su implementación.

En tanto, la senadora Lucía Corpacci expresó preocupación por el financiamiento del programa Incluir Salud y advirtió sobre las diferencias entre los compromisos establecidos en la legislación y las partidas presupuestarias previstas.

Qué falta para su implementación

Con la aprobación de ambas cámaras, el proyecto obtuvo sanción definitiva en el Congreso y deberá continuar con el trámite correspondiente ante el Poder Ejecutivo.

La norma establece un plazo de 30 días para su reglamentación, una instancia necesaria para definir los mecanismos administrativos y operativos de aplicación.

De esta manera, el Congreso aprobó un régimen permanente para el sistema de discapacidad, que reemplazará al esquema de emergencia que finalizaba en diciembre. El desafío estará ahora en garantizar su cumplimiento, el financiamiento de las prestaciones y la continuidad de la asistencia a las personas con discapacidad y sus familias.

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