El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) fijó el sábado 28 de noviembre de 2026 como fecha para comunicar su decisión sobre las medidas provisionales que solicitó la Argentina para suspender el proyecto petrolero Sea Lion, en aguas circundantes a las islas Malvinas. El anuncio lo realizó el presidente del organismo, el camerunés Maurice Kamga, al cierre de la segunda y última jornada de audiencias en Hamburgo, Alemania.
La fecha despejó la incertidumbre sobre los plazos, aunque las autoridades argentinas esperaban una resolución más rápida, incluso durante esta misma semana. El Tribunal tendrá 17 días para deliberar desde el cierre de los alegatos orales.
El debate dejó tres cuestiones centrales que los jueces deberán evaluar: si el organismo tiene competencia para intervenir, si existe un riesgo real e inminente de daño para los derechos que invoca la Argentina y si el tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) podrá actuar antes del inicio de las perforaciones.
Qué medidas pidió la Argentina para frenar Sea Lion
En sus conclusiones finales, Mario Oyarzábal, agente argentino ante el organismo internacional, sintetizó el pedido de Buenos Aires en cuatro medidas dirigidas al Reino Unido:
- Suspender las nuevas perforaciones de explotación y la instalación de infraestructura de producción en la cuenca norte de las Malvinas vinculadas al proyecto Sea Lion.
- Abstenerse de utilizar la información obtenida durante la exploración en detrimento de los derechos argentinos.
- Cesar las acciones que impidan a la Argentina cumplir sus obligaciones de protección del medio marino, previstas en los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR.
- No otorgar nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.
“El Reino Unido pretende presentar este procedimiento como un intento de litigar la soberanía territorial bajo la apariencia de una controversia conforme a la Convención. Argentina rechaza esa caracterización”, planteó Oyarzábal.
A través del profesor Marcelo Kohen, la delegación argentina sostuvo que el TIDM no necesita pronunciarse sobre la soberanía de las islas para dictar medidas provisionales. Según su argumento, alcanza con que los derechos invocados por Buenos Aires sean plausibles dentro del marco de la CONVEMAR.
Kohen enumeró siete hechos que, según sostuvo, el Reino Unido no refutó durante las audiencias. Entre ellos, mencionó que las islas Malvinas continúan en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas y que la Asamblea General de ese organismo instó a no adoptar medidas unilaterales durante el proceso de descolonización.
La objeción británica sobre la soberanía de Malvinas
La abogada británica Amy Sander abrió la réplica del Reino Unido con una posición contraria. Sostuvo que el reclamo argentino sobre la contabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero de las islas solo tiene sentido si Buenos Aires acepta que ejerce soberanía sobre ellas. Por eso, consideró que ese argumento constituye otra forma de plantear la disputa territorial.
Sander también cuestionó la tercera medida provisional solicitada por la Argentina, que apunta a que el Reino Unido deje de impedirle cumplir sus obligaciones medioambientales. Según la abogada, el pedido carece de un correlato procesal claro.
La diferencia de fondo quedó expuesta en las audiencias: mientras la Argentina sostiene que la soberanía constituye el contexto de la controversia, pero no su objeto ante el TIDM, el Reino Unido afirma que los argumentos argentinos dependen de que se reconozca a Buenos Aires como Estado ribereño de las islas.
El riesgo ambiental por las perforaciones de Sea Lion
Otro de los ejes del debate fue el posible impacto ambiental de la explotación petrolera. El asesor de la delegación argentina Nico Schrijver presentó cuatro factores de riesgo: la duración del proyecto, estimada en hasta 30 años; la instalación de nueva infraestructura, que incluye 26 pozos, 60 kilómetros de líneas de flujo submarinas y un buque de producción; las dificultades para responder ante derrames en condiciones meteorológicas extremas; y la falta de experiencia de Navitas Petroleum en campos en producción.
Schrijver citó datos del propio operador, según los cuales existiría una probabilidad superior al 90% de que un derrame de gran magnitud alcance aguas internacionales, con residuos que podrían desplazarse hasta 220 kilómetros al norte del campo.
El abogado británico Guglielmo Verdirame respondió con la declaración de impacto ambiental del proyecto. Sostuvo que la posibilidad de una pérdida catastrófica del buque de producción fue calificada como “muy improbable” y que no existen antecedentes de ese tipo en más de 20 años de operaciones globales similares. También mencionó que el riesgo de un reventón durante las perforaciones de desarrollo fue estimado en uno cada 20.834 pozos.
El Tribunal deberá determinar cómo se aplica el artículo 290 de la CONVEMAR y si los riesgos presentados justifican la adopción de medidas provisionales. Verdirame también cuestionó la estimación de pérdidas económicas de la empresa Rockhopper Exploration, que la Argentina utilizó para respaldar su planteo. Según el abogado británico, la compañía calculó un perjuicio de USD 1.000 millones y cuenta con USD 865 millones de capital recaudado, de acuerdo con una declaración de su director ejecutivo, Samuel Moody.
El representante del Reino Unido agregó que la Argentina modificó el alcance de su pedido entre el inicio y el cierre de las audiencias: mientras la solicitud original apuntaba a suspender la explotación de recursos, que no comenzaría antes de 2028, la nueva formulación también incluyó las perforaciones preparatorias previstas para marzo de 2027.
“Una parte que invoca el procedimiento excepcional del artículo 290 no debería presentarse sin tener una idea clara del riesgo real e inminente de perjuicio irreparable que dice enfrentar”, sostuvo.
La urgencia y los plazos para frenar las perforaciones
El último punto de controversia fue si el Tribunal Arbitral del Anexo VII de la CONVEMAR podrá intervenir antes del 21 de marzo de 2027, fecha prevista para el comienzo de las perforaciones.
La Argentina, a través de Schrijver, presentó seis antecedentes históricos para sostener que esos procesos suelen demorar entre 3,8 y nueve meses. Según su análisis, en cinco de los seis casos el tribunal arbitral no habría estado en condiciones de actuar a tiempo.
El abogado británico Michael Wood objetó esa comparación. Señaló que en ninguno de esos antecedentes existía una solicitud urgente de medidas provisionales pendiente desde el primer día de constitución del tribunal. Como ejemplo, mencionó el caso Arctic Sunrise, en el que un tribunal del Anexo VII actuó con rapidez pese a que todavía no había celebrado su primera reunión procesal.
La delegación argentina respondió que incluso en el escenario más rápido de los seis precedentes, el tribunal arbitral recién estaría operativo el 6 de marzo, apenas 15 días antes del inicio de las perforaciones. Schrijver advirtió que para entonces todavía podrían estar pendientes una audiencia y una decisión.
“Una vez perforado el primer pozo de desarrollo, no quedará statu quo que preservar. Ningún tribunal del Anexo VII podrá actuar antes de eso. Este Tribunal sí puede. Si no es ahora, nunca será”, afirmó.
La agente del Reino Unido ante el TIDM, Sally Langridge, pidió finalmente que los jueces rechacen todas las medidas solicitadas por la Argentina. Sostuvo que el reclamo excede la competencia del organismo, que Buenos Aires no demostró derechos plausibles bajo la CONVEMAR y que no acreditó la urgencia de su pedido. También afirmó que los principales perjuicios recaerían sobre los habitantes de las islas y las empresas inversoras.
La decisión del 28 de noviembre determinará si el proyecto Sea Lion puede continuar según su cronograma o si deberá suspenderse mientras se constituye el Tribunal Arbitral del Anexo VII, que tendrá a su cargo resolver la controversia de fondo.
