El Gobierno derogó una norma vigente desde 2013 que obligaba a los organismos de la Administración Pública Nacional utilizar los servicios de Aerolíneas Argentinas.

La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la decisión administrativa 1017/2024, refleja un cambio significativo en las políticas de contratación del Estado argentino, alineándose con iniciativas recientes destinadas a fomentar la competencia en el sector y eliminar privilegios legales para empresas estatales.

Desde la promulgación del decreto 1191/2012, los organismos públicos estaban obligados a contratar vuelos exclusivamente con Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas o su operador mayorista, OPTAR S.A., salvo en situaciones excepcionales. Este esquema buscaba beneficiar a empresas en las que el Estado era accionista. Sin embargo, el nuevo decreto 747/2024 anula esa normativa, en sintonía con el decreto 70/2023, que prohíbe otorgar ventajas legales a compañías estatales.

Además, se eliminó la decisión administrativa 244/2013, que regulaba los procedimientos para cumplir con estas contrataciones exclusivas. Con esta modificación, el Gobierno apuesta por una política de “competencia abierta” que permite a los organismos públicos optar por proveedores en función de criterios económicos y operativos, sin restricciones vinculadas a la titularidad estatal.