La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso una serie de medidas preliminares para determinar si hubo delitos vinculados con el ingreso y el egreso de Flávio Bolsonaro de la Argentina. A pedido de la fiscal Paloma Ochoa, ordenó preservar las cámaras de seguridad del aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, inmediaciones y de la pista de despegue y aterrizaje, además de requerir informes a Cancillería y a la Dirección Nacional de Migraciones.
La medida apunta a reconstruir los movimientos del dirigente brasileño y establecer si hubo intervención de funcionarios argentinos para facilitar su salida del país, así como determinar si esa eventual intervención respondió a un requerimiento formal.
La preservación de las imágenes de seguridad aparece como uno de los puntos centrales de las primeras diligencias: permitirá contar con registros de lo ocurrido en el aeropuerto y evitar que se pierda material que podría resultar relevante para esclarecer las circunstancias del viaje.
En paralelo, los informes solicitados a Cancillería y Migraciones buscarán aportar información oficial sobre los movimientos fronterizos y las eventuales gestiones diplomáticas o administrativas vinculadas con el caso.
La investigación se originó en las denuncias presentadas en los tribunales federales de Comodoro Py por la salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina. Entre ellas, la impulsada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano, que quedó radicada ante el juzgado de Capuchetti, y otra presentada por el diputado nacional Esteban Paulón que se anexó a ese expediente.
Las presentaciones plantearon interrogantes sobre el papel que pudieron haber tenido integrantes del Gobierno nacional y sobre las condiciones en las que se produjo la salida del dirigente brasileño. También apuntaron a esclarecer si existieron gestiones o decisiones de funcionarios que hubieran facilitado el traslado y si se omitieron controles que correspondían.