El proyecto de ley de renta inesperada había sido elaborado por el exministro de Economía, Martín Guzmán. Implica que las corporaciones con ganancia contable por encima de los $1000 millones paguen una sobrealícuota del 15% de ganancias por única vez. Si bien caería en menos del 1% de las sociedades, la oposición anticipó que no acompañará, por lo que el oficialismo podría no contar con los votos para avanzar.
De hecho, la AFIP tenía guardado el dato de cuánto “efectivamente” pagan las grandes empresas sobre ganancias. Estiman que, en la práctica, tributan entre un 5 y 7%, cuando debería ser de entre 25-35% por ley. El foco está en la “ingeniería” que hacen los grandes estudios contables, sobre todo en las corporaciones que conforman “pool de empresas”, donde existen hasta empresas falsas que venden facturas.
Sin embargo, no querían revelar el dato, por la molestia que podría generar en la llamada “cuarta categoría”, es decir, los asalariados y autónomos que pagan el impuesto y que por la falta de actualización de las escalas, pueden pasar a pagar rápidamente el 35%. Pero fue Cristina Kirchner quien reveló el dato en el acto del viernes en la UOM: “A un trabajador que supera el tope de ganancias le aplican la alícuota del 35%, no tiene posibilidad de dibujar el salario como se dibujan los balances de las grandes empresas, que terminan pagando un 5-6% del impuesto”.
Además, informó que un millón y medio de personas representan el 30% de la recaudación total del impuesto. “Los que se llevan la productividad, los que ponen los precios en los supermercados, en las fábricas, pagan mucho menos de ganancias que cualquier trabajador”, afirmó la vicepresidenta.
Según pudo averiguar Ámbito de fuentes contables que prefirieron no ser mencionadas, hay dos formas que tienen las empresas para “bajar” lo que tributan en ganancias. Una que aseguran que es “legal”, a través de los ajustes por inflación impositivo, en la que se “aprovecha” el contexto de 100% de inflación. La otra forma sí está relacionada directamente con la evasión: consiste en la triangulación de realizar exportaciones, pasando antes por países como Uruguay o Paraguay, que tienen un menor pago de este tributo. Si bien la triangulación no es ilegal, en este caso no es comercial, sino netamente impositiva, por eso es considerada ficticia. En los últimos meses, la AFIP abrió decenas de fiscalizaciones a empresas, con pedidos de requerimiento para empezar a analizar esta cuestión.
“Con la pandemia habían suspendido todos los juicios de ejecución fiscal, pero ahora los últimos meses se pusieron muy activos, sobre todo con los últimos cambios en AFIP y Aduana”, contaron desde un estudio contable.
Además, la AFIP tiene a la firma otros dos proyectos para intentar captar otras maniobras. Por un lado, este mes podría firmarse el acuerdo del cruce de información tributaria con Estados Unidos, que empezaría a regir el primero de enero, donde esperan encontrar al menos u$s 100 mil millones. También está a la firma un acuerdo con la OCDE para intentar captar la renta de las plataformas digitales, que prestan servicios en diversos países pero no tributan en ellos. Finalmente, trabajan en un proyecto para mejorar los precios de transferencia en ventas que se hacen entre las mismas compañías, con filiales en Argentina y otros países.
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