La pelea de los mandatarios por las partidas llegó al Senado, donde intentarán hacer valer su poder de fuego. La Casa Rosada continúa con sus armados en las provincias y complica el futuro de sus aliados. Crónica de una rebelión anunciada.
El paso a paso de la escalada entre los gobernadores y Nación
El grito federal no fue improvisado. Su génesis data del pasado 6 de mayo en Paraná. Allí, una cumbre sobre logística organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) derivó en un scrum contra la gestión libertaria, donde líderes de pelajes variopintos enviaron mensajes a la Casa Rosada. Además del anfitrión Rogelio Frigerio (Entre Ríos), participaron Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).
Casi un mes más tarde, el 3 de junio, los líderes de todo el país dieron continuidad a la estocada con una cumbre en las oficinas porteñas del CFI, espacio que oficia como sala de reuniones para cada encuentro de las provincias. Tal fue la amplitud de la mesa que más allá de los números puestos también se sumaron Jorge Macri (CABA), Hugo Passalacqua (Misiones), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Leandro Zdero (Chaco), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz), entre otros. De esas conversaciones surgió un pedido de audiencia con Javier Milei para plantearle las inquietudes que asolaban de manera transversal a los distritos. Pero no tuvieron suerte. El Presidente partió a su gira por Europa e Israel y delegó la charla en su jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Diez días después, Francos, junto a su número dos, Lisandro Catalán, y al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, recibió en Balcarce 50 a un puñado de mandatarios. Estuvieron Ziliotto, Jalil, Vidal e Ignacio Torres: un peronista opositor, otro dialoguista, un provincialista y un PRO. Por el radicalismo dijo presente Myrian Prunotto, vicegobernadora de Córdoba. Los representantes llevaron ante Nación una propuesta para modificar el esquema de distribución del impuesto a los combustibles, denunciando que el Gobierno no está invirtiendo la parte de ese tributo en infraestructura vial -tal como corresponde por ley- y se la está quedando para “sostener el superávit fiscal”.
Las provincias hicieron énfasis en que la iniciativa no afecta las cuentas públicas y les permite a los distritos recuperar parte de lo perdido. En principio, el jefe de Gabinete no vio con malos ojos la iniciativa. Pero, una vez más, cayó en saco roto. Días después, el 23 de junio, los gobernadores volvieron a desembarcar en manada en el CFI, donde recibieron a Catalán y Guberman, enviados de Francos, con la respuesta a lo planteado. No hubo acuerdo. “Tuvo gusto a poco”, sintieron entonces los mandatarios tanto dialoguistas como opositores.
Por eso, decidieron apretar los dientes y buscar una salida propia que finalmente decantó en dos proyectos de ley. El espíritu de ambos es que tanto el impuesto a los combustibles como los ATN se giren de manera automática, en un esquema similar al de la coparticipación federal. Eso les garantizaría fondos frescos a las provincias y golpearía el dedo seleccionador de la Casa Rosada.
Al respecto, consideraron que las medidas “generarán más federalismo a partir de mayor equidad distributiva de recursos originados en todo el territorio nacional, propiciando mayor capacidad de respuesta tanto a Nación y provincias de las demandas de la sociedad en el marco de la crisis”. El hecho encendió todas las alarmas en la sala de máquinas libertaria, que, al menos hasta las elecciones legislativas, necesitará de apoyos prestados en el Congreso para sostener su agenda de reformas y desactivar iniciativas opositoras.
No fue el final. La novela continuó el martes pasado, cuando los ministros de Economía provinciales se reunieron en el Palacio de Hacienda con Guberman, en el marco del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Una vez más, las jurisdicciones volvieron a referirse a la pelea por los fondos y, como antes, chocaron con un muro. “Están generando superávit con la plata de las provincias”, reiteraron a la salida del cónclave. Por el contrario, Nación se limitó a proponer el traspaso de algunas rutas nacionales, siempre y cuando las administraciones subnacionales se hagan cargo del mantenimiento de la maquinaria y de los campamentos.
Tras el mitin, los ministros partieron raudos al CFI, donde continuaron el debate ya sin la presencia de enviados de Milei. Los informes elevados no apaciguaron los ánimos de los gobernadores. Apenas un día después, los proyectos de ley ingresaron al Senado con firmas de legisladores de diversos bloques, incluyendo Unión por la Patria (UP), el PRO, el radicalismo y espacios provincialistas y “federales”. Ahora, esperan sesionar el jueves y llevar la batalla al recinto, donde, de no haber sobresaltos, los textos deberían contar con un amplio apoyo.
A la par, jefes provinciales del Norte Grande y del Litoral se reunieron en Santiago del Estero, donde anunciaron la redacción de un proyecto de ley conjunto que contempla la creación de una tarifa eléctrica diferencial para zonas cálidas y muy cálidas de ambas regiones, un histórico reclamo. En tanto, Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y “Nacho” Torres se reunieron en Chubut para celebrar avances en el gasoducto cordillerano y también enviaron mensajes a la gestión libertaria.
“Tanto el impuesto al combustible como los ATN no aportan al equilibrio fiscal nacional, porque es dinero de las provincias o de una asignación específica: no se pueden usar para otra cosa. Si no, sería malversar recursos que por ley tenés que utilizar para algo. Ante una subejecución de esos recursos, se decide descentralizarlos, que son producto del esfuerzo de todos los contribuyentes de la nación”, precisó el chubutense.
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