Régimen Penal Juvenil: el debate

El senador que oficio de miembro informante fue Gonzalo Guzmán Coraita, de LLA. Luego de pronunciar su discurso, que leyó casi en su totalidad, su par de Popular Juliana Di Tullio pidió la palabra para cuestionar que, una vez más, los libertarios leen en lugar de explicar, con sus palabras, las leyes que defienden. La bonaerense le recordó que así lo establece el reglamento de la Cámara alta, que tiene rango constitucional. “Alguno tiene que hablar para poder entender una ley que defienden”, le recriminó Di Tullio.

En su discurso, el salteño señaló: “Estamos frente a una jornada histórica: nos proponemos derogar el Régimen Penal de la Minoridad que rige hace 46 años. Vamos reemplazarlo por uno moderno, integral y especializado. No es solo una actualización normativa, es saldar una deuda con la sociedad”.

A su turno, el chaqueño Jorge Capitanich alertó sobre un ítem que también se coló en DIputados, cuando se debatió. Y este tiene que ver con los fondos que se destinen para la implementación de la ley. “Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”, señaló el exgobernador. Según el Ejecutivo, el costo de implementación del nuevo régimen superaría los $23.000 millones.

A los ojos de la oposición, este monto es insuficiente. Este monto se utilizaría para complementar los gastos de las provincias para la implementación del nuevo régimen, que no hayan sido contemplados en sus respectivos presupuestos. Es que estos fueron sancionados antes de la aprobación de la ley.

En este sentido, la diputada de UP Paula Penacca, en la sesión en la que se le dio media sanción a la iniciativa, hizo el siguiente cálculo: el costo del metro cuadrado según el servicio penitenciario federal es de $ 3,2 millones. Con el presupuesto establecido en el proyecto de ley se podría construir 7.400 metros cuadrados. Dividido por los 24 distritos, se podrían construir 308 metros cuadrados en cada una de las provincias.

El senador de Popular Martín Soria planteó: “Estamos debatiendo qué respuestas le va a dar el Estado a esos niños en conflicto con la ley”. “Desde el peronismo queremos un Estado que brinde una respuesta integral”, aclaró el rionegrino para luego añadir que, del lado de enfrente, “la respuesta es penal”. “Esta ley es peor que el decreto de Videla”, sentenció Soria hacia el final de su extenso discurso.

Régimen penal juvenil: qué dice el proyecto

La redacción libertaria establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena. Cuando las condenas establecidas sean de hasta 3 años, o de entre 3 y hasta 10 años pero que no impliquen un delito de gravedad, se reemplazará la privación de la libertad por otras penalidades, como las amonestaciones; la prohibición del contacto con la víctima, conducción de vehículos, asistencia a determinados establecimientos recreativos y a la salida del país; y la prestación del servicio a la comunidad.

Como partida presupuestaria para la implementación del proyecto, se dispusieron $23.739.155.303. Más de $20.000 millones se destinan a la Defensoría General de la Nación, para garantizar la legítima defensa de los jóvenes en conflicto con la ley. También proyecta más de $3.000 millones para el Ministerio de Justicia, encargado de definir los “supervisores”, una figura de autoridad fundamental para la ejecución del proyecto. Deberán tener “formación académica en educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones y trabajo social”. “Se deberá garantizar que la cantidad de adolescentes asignados a cada supervisor permita el adecuado seguimiento y supervisión de cada uno de los adolescentes imputados”, señala y establece que entre sus tareas está “mantener entrevistas semanales con el adolescente y seguir, asistir, supervisar y controlar su evolución durante el proceso y su detención”.

Asimismo, refiere que los alojamientos deberán “hacerse efectivo en dependencias acondicionadas especialmente para ese fin, bajo la dirección de personal idóneo para el trato con aquellos”. Para ello no se propone un financiamiento concreto, sino que se se establece que la Nación y los distritos “podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción”.