La Justicia citó a prestar declaración indagatoria a 26 miembros del directorio de Vicentin y del Banco Nación tras ser acusados de concretar acuerdos para cometer un fraude que habría perjudicado al Estado por, al menos, 260 millones de dólares, en el otorgamiento de créditos.

La decisión fue tomada por el juez federal Julián Ercolini, tras el pedido del fiscal Gerardo Pollicita, a partir de una investigación de cinco años. La medida también implicaría la inhibición general de bienes de los acusados y una prohibición de salida del país.

El cronograma de citaciones para presentarse ante el juzgado se extenderá desde el 27 de octubre hasta el 18 de diciembre.

El objetivo de la investigación es recuperar un perjuicio patrimonial de un estimado de US$300.000.000 al Estado, dado que la fiscalía habría probado que unos 16 millones de dólares de este dinero terminaron en paraísos fiscales y en cuentas de la cerealera Vicentin.

Daniel Néstor Buyatti (presidente), Alberto Julián Macua (vice), Herman Roberto Vicentin (apoderado), Martín Sebastián Colombo, Roberto Oscar Vicentin y Máximo Javier Padoan (directores) de Vicentin y Javier Antonio González Fraga (presidente), Lucas Llach (vice) y Carlos Alberto Castellani de Banco Nación se encuentran entre los citados a prestar declaración indagatoria, según indicó La Nación.

Los directores Ercilia Antonia Nofal, Miguel Ángel Arce, Guillermo Goldberg, Jorge Alberto Lawson, Marcelo Javier Pose, Javier Okseniuk y Agustín Pesce; el gerente general Juan José Fragati y los subgerentes Martín Enrique González, Susana Graciela Ojeda y Maricel Leonor Moschini; los gerentes zonales José Luis Testa, Luis María Celestino Restelli, Darío Marcelo Giacossa, Néstor Ariel Bled y Alexis Diosnel Tortul, y el síndico Alejandro Fabián Díaz, también fueron citados por parte del BNA.

El fiscal Pollicita explicó al matutino que, entre agosto y diciembre de 2019, las autoridades del Banco Nación se pusieron de acuerdo con los empresarios de Vicentin y cometieron fraude contra el Estado nacional. En concreto, sostuvo que se desarticularon las garantías que tenía el banco y “le entregaron a los empresarios los fondos que tenían allí congelados e, incluso y sin reaseguro alguno, les otorgaron nuevos empréstitos cuando aquello se hallaba expresamente prohibido”.

“Los empresarios del grupo económico, quienes actuaron en todo momento en complicidad con los funcionarios, no pagaron los saldos adeudados a sabiendas de que no se los cobrarían”, amplió el fiscal, quien indicó que también pidieron liberar los fondos en garantía y “omitieron deliberadamente dar las garantías que eran requeridas ya que tenían la certeza de que tampoco se las reclamarían”, además de que “solicitaron nuevas asistencias financieras a sabiendas de que se las otorgarían”.

Pollicita indicó que los empresarios retiraron sus fondos del Banco Nación para que las nuevas autoridades no pudieran cobrar la deuda de unos U$S 300.000.000 y añadió: “Cuanto menos , recurrieron a la utilización de facturación apócrifa en pos de simular gastos no concretados a través de proveedores falsos (por unos $222.780.392 de pesos o 3,7 millones de dólares)”.

En paralelo, desde la cerealera también se habría producido el giro de fondos al exterior por operaciones simuladas por 16.942.805 de dólares, algunos de los cuales habrían sido dirigidos a cuentas bancarias en paraísos fiscales.

“La gravedad y magnitud de los hechos investigados radica en que el Grupo Vicentin era el principal cliente del BNA, en tanto tenía la línea crediticia más importante del ‘Sector Privado No Financiero’, que representaba más del 20% de todo el patrimonio del banco, lo que implicaba un exceso en el riesgo autorizado”, señaló el fiscal.

Lo que sostiene Pollicita es que desde el BNA no protegieron el patrimonio sino que, al contrario, se apartaron para beneficiar a la empresa, en perjuicio del Estado.

El tribunal reconoció la “gran complejidad” de los hechos investigados, que incluyen la defraudación a una entidad de bien público mediante el manejo de grandes sumas de dinero, por lo que es clave para el proceso la conservación del patrimonio de los investigados.