La detención ocurrió pese al pedido que los abogados del expresidente elevaron el viernes, solicitando que su cliente continuara en su domicilio “por razones humanitarias”, debido al delicado cuadro de salud que enfrenta.
La defensa sostuvo que modificar el régimen representaba un “riesgo de vida” para Bolsonaro, aludiendo a las secuelas permanentes de la puñalada que recibió en 2018.
Recordaron que atravesó múltiples intervenciones quirúrgicas, padeció episodios de reflujo y casos de “hipo incontrolable” que le generaron dificultades respiratorias, además de un diagnóstico reciente de cáncer de piel.
El plazo para presentar nuevos recursos contra la sentencia vence el próximo lunes, por lo que el equipo legal aún evalúa las alternativas disponibles.
Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años y tres meses de prisión por intentar dar un golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones presidenciales de 2022, según dictaminó la Primera Sala del STF, que ahora deberá fijar la pena de cárcel. Por cuatro votos a uno, cinco jueces sentenciaron al líder de la derecha y ultraderecha de Brasil, acusado de haber liderado una organización criminal armada para mantenerse en el poder tras perder las elecciones frente a Lula.
El voto definitivo fue emitido por Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala y antiguo abogado de Lula. Zanin destacó que “las pruebas permiten concluir que los acusados pretendían romper el estado democrático de derecho”, y con ello se consolidó la mayoría de cuatro a uno que condenó a Bolsonaro y a otras siete personas, entre los que se incluyen exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas.
A su vez, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia y Flávio Dino respaldaron la condena, mientras que Luiz Fux votó en contra, cuestionando la validez del proceso y argumentando que las pruebas presentadas no demostraban más allá de toda duda razonable la participación de Bolsonaro en la conspiración. Fux sostuvo además que el Supremo solo puede juzgar a un exmandatario por delitos cometidos durante su mandato, lo que según él no se cumplía en este caso.
La trama golpista, según la acusación del Ministerio Público, se desarrolló en varias fases y comenzó mucho antes de los comicios de 2022. Bolsonaro lideró una campaña sistemática para desacreditar a las instituciones democráticas y al sistema electoral, con el objetivo de debilitar la confianza pública y preparar el terreno para un posible levantamiento.
Tras la victoria de Lula en octubre de 2022, la conspiración escaló a hechos concretos: protestas masivas, campamentos frente a cuarteles del Ejército y atentados frustrados por la Policía, donde miles de seguidores exigían la intervención militar para impedir la toma de posesión del nuevo mandatario.
El 1 de enero de 2023, Lula asumió la presidencia de forma oficial, pero apenas una semana después, miles de activistas de ultraderecha se movilizaron desde uno de los campamentos en Brasilia para asaltar violentamente las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la Corte Suprema, un hecho que conmocionó al país y al mundo entero.
Según la Fiscalía, este ataque fue el corolario de un plan golpista dirigido personalmente por Bolsonaro, con el objetivo de perpetuarse en el poder y establecer lo que describen como una dictadura en Brasil, dejando una marca indeleble en la historia democrática del país.