El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del decreto con la que el Gobierno de Javier Milei había suspendido la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo aplicarla de inmediato, en un conflicto que ya llegó hasta la Corte Suprema y ahora también atraviesa la discusión por el Presupuesto 2027.

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar este martes a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, junto con la demanda de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La decisión es de primera instancia y puede ser apelada.

La cláusula que quedó invalidada

El conflicto se abrió después de que el Congreso ratificara la Ley 27.795 con los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial. Milei debió promulgarla, pero el decreto 759/2025 dispuso que regiría “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629”.

Esa norma establece que toda ley que disponga gastos debe prever expresamente su financiamiento y que, de lo contrario, su ejecución queda suspendida hasta que se incorporen las partidas correspondientes. El Gobierno se apoyó en esa disposición para sostener que la ley universitaria no podía aplicarse hasta que el Congreso definiera de dónde saldrían los fondos.

Cormick invalidó ese mecanismo. Para el magistrado, el Ejecutivo promulgó formalmente una ley que estaba obligado a aceptar tras la insistencia parlamentaria, pero introdujo al mismo tiempo una condición que impedía ejecutarla.

El fallo sostuvo que esa salida funcionó como un “mecanismo extraconstitucional” y, en sus efectos concretos, como “una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”.

El argumento central del juez

Cormick puso el foco en dos artículos de la Constitución. Señaló que el artículo 75, inciso 8°, atribuye al Congreso la definición del gasto público, mientras que el artículo 83 establece que, después de que ambas cámaras insisten con los dos tercios ante un veto, al Ejecutivo le corresponde promulgar la ley.

También rechazó el argumento oficial de que la norma universitaria ordenaba nuevos gastos sin establecer cómo financiarlos. Remarcó que su artículo 9° permite adecuar y reasignar partidas -sin afectar la coparticipación ni los aportes del Tesoro a las provincias- y utilizar ingresos corrientes recaudados por encima de lo presupuestado.

El juez recordó además que durante 2024 y 2025 no hubo nuevas leyes de Presupuesto y continuó prorrogado el correspondiente a 2023, mientras el propio Ejecutivo modificó varias veces las partidas vigentes durante 2025.

A eso sumó una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, según la cual el costo total de la ley equivalía al 0,23% del PBI nominal proyectado para 2025. Con esos elementos, concluyó que el decreto 759/2025 “no supera un test mínimo de razonabilidad”.

Una pelea que ya llegó a la Corte

La sentencia resuelve ahora el fondo de una controversia que llevaba meses en los tribunales. En diciembre de 2025, Cormick había dictado una cautelar que dejó sin efecto el tramo suspensivo del decreto y ordenó cumplir los artículos vinculados con salarios y becas.

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa decisión en marzo y, en junio, la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario del Estado, por lo que la cautelar quedó firme.

En paralelo, el Gobierno, el CIN y los gremios universitarios alcanzaron un acuerdo el 10 de junio: una actualización salarial del 24,33%, un aumento del 20% para gastos de funcionamiento, $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y una suba del 50% de las becas Manuel Belgrano.

El Ejecutivo pagó la recomposición salarial y el incremento de esas becas, pero quedaron pendientes el aumento para gastos de funcionamiento y la partida extra para hospitales universitarios. Cormick consideró que esos avances parciales no resolvían la cuestión de fondo: si el Gobierno podía mantener suspendida la ley.

Presupuesto 2027 y otra marcha universitaria

El fallo llega, además, cuando la pelea por los recursos ya se trasladó al proyecto de Presupuesto 2027.

La iniciativa oficial contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que los rectores estimaron que serían necesarios unos $11 billones para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, una diferencia cercana al 50%.

Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), los recursos previstos consolidan un nivel 24,9% inferior en términos reales al presupuesto de 2023. Ante esa brecha, los rectores volvieron al Congreso y comenzaron una ronda de reuniones con diputados y senadores para reclamar cambios al proyecto.

El frente salarial también volvió a tensarse. En las últimas reuniones paritarias de septiembre, el Gobierno ofreció un aumento del 3%, rechazado por los gremios docentes y no docentes.

Los sindicatos convocaron entonces a nuevas medidas de fuerza y a la Quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, protesta respaldada por el CIN. La concentración, inicialmente prevista frente al Palacio de Tribunales, fue trasladada al Congreso, donde ese día la oposición busca realizar una sesión especial.

La decisión de Cormick agrega así un nuevo capítulo a una pelea que sigue abierta en varios frentes. El juez ordenó al Ejecutivo cumplir de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario y dictar las normas necesarias para ejecutarla, además de imponer las costas al Estado. El Gobierno todavía puede apelar ante la Cámara.