La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió una investigación penal contra el cantante Julio Iglesias. La medida respondió a una denuncia en la que ex empleadas del servicio doméstico lo acusaron de agresiones sexuales y malos tratos. El Ministerio Público calificó las diligencias como “pre-procesales y reservadas”, y aclaró que no brindará detalles adicionales para garantizar la protección prioritaria de las presuntas víctimas.

La justicia española asumió la competencia del caso bajo el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta normativa permite que los tribunales de España investiguen delitos cometidos en el extranjero cuando los responsables sean ciudadanos españoles y el hecho sea “punible” en el país de origen. En este caso, la nacionalidad de Iglesias habilitó la intervención de la Audiencia Nacional para analizar sucesos que ocurrieron fuera del territorio europeo.

Los delitos que se le atribuyen al artista de 82 años, incluyeron trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, además de múltiples cargos contra la libertad sexual. La denuncia puntualizó casos de acoso, agresiones sexuales y lesiones físicas. Según el escrito presentado, estos hechos se desarrollaron en un contexto de abuso de poder, donde el cantante habría aprovechado su posición de influencia para someter a las trabajadoras.

Las denunciantes, identificadas bajo los nombres ficticios de Laura y Rebeca para resguardar su seguridad, contaron con el respaldo de la organización internacional Women’s Link Worldwide. Sus abogadas solicitaron el anonimato estricto de las mujeres debido a su situación de vulnerabilidad socioeconómica. Las letradas remarcaron el temor de las víctimas a posibles represalias, dada la capacidad de intimidación y los recursos económicos que maneja el intérprete.

La investigación judicial se nutrió de un trabajo periodístico previo de tres años realizado por elDiario.es y Univisión Noticias. Los medios recabaron pruebas documentales, mensajes de WhatsApp, informes médicos y testimonios de otras quince ex empleadas que trabajaron para el cantante entre 1990 y 2023.

Hasta el momento, ni Julio Iglesias ni su equipo legal emitieron declaraciones oficiales respecto a la causa. La Fiscalía enfocará ahora sus tareas en la recolección de pruebas y en la toma de declaraciones bajo un sistema de confidencialidad. Mientras avanza el proceso, la justicia española busca determinar si la estructura de las mansiones del artista funcionó como un sistema de “captación y abuso sistemático” contra mujeres jóvenes.