La Cámara de Diputados de la Nación inicia este lunes 29 de abril el debate de la nueva Ley de Bases y Puntos de Partida que negoció con los bloques dialoguistas durante más de un mes, tras el fracaso de febrero, y que incluirá el apartado fiscal.

La oposición “amigable” impulsará cuestiones resistidas por el oficialismo, como la recomposición de los haberes jubilatorios con la inflación desde enero, la desarticulación de regímenes especiales como el de Tierra del Fuego, el financiamiento educativo y el incremento del impuesto al tabaco para todas las empresas.

Innovación Federal, la bancada que responde a los oficialismos provinciales de Neuquén, Misiones, Salta y Río Negro, buscará la restitución de los artículos que elevaban la suba de los impuestos internos al tabaco del 70 al 73% y suprimía el gravamen mínimo a los cigarrillos. La misma estrategia adoptará parte del bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto, que apuntará a desarticular los regímenes especiales de tributación, como el que beneficia a la industria electrónica en la provincia de Tierra del Fuego.

Las jubilaciones también serán parte de la agenda que la tríada dialoguista buscará imponer. Estos bloques están de acuerdo en emplazar a la comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, para tratar los proyectos que pretenden profundizar la recomposición de los haberes previsionales. A pesar de que Milei definió una actualización mediante el IPC y un aumento por única vez del 12,5%, los legisladores insistirán con una reparación mayor que contemple la totalidad de la inflación de enero, de un 20,6%.

Por su parte, la UCR se volcará a su militancia universitaria y promoverá la aprobación del proyecto de ley del Régimen de financiamiento de Universidades Nacionales. Tras la firma de los dictámenes de la ley de Bases y el paquete fiscal, los radicales apuraron un pedido para el presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro (PRO), para debatir este asunto. La UCR también insistirá en su pelea contra los sindicatos. El espacio de De Loredo impulsaba una reforma laboral por la que se pretendía desarticular las principales cajas gremiales, entre las que se encontraba la eliminación de la obligatoriedad de las “cuotas sindicales”, así como la limitación de los bloqueos por huelga.

Esta no fue la única concesión que debió hacer el oficialismo para obtener el dictamen. A última hora también dio marcha atrás con la consolidación de los títulos públicos en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS). A instancias de los gobernadores, Hacemos Coalición Federal exigía el compromiso del gobierno de cumplir con el pago de las deudas con las cajas previsionales no transferidas a la Nación. Este punto, entre otros, será parte de la discusión que tendrá como protagonistas en el Congreso a los mandatarios provinciales, quienes esperan ansiosos un alivio económico en este nuevo round parlamentario.

Un foco de conflicto que no termina de sofocarse tiene que ver con la reforma laboral, que estuvo en vilo hasta último momento, pero finalmente se plasmó en el dictamen de mayoría en una versión comprimida. Fue la forma salomónica de “cortar al medio” entre dos posturas antagónicas.

La UCR machacó con una reforma laboral ambiciosa, que inclusive se metía con los intereses sindicales eliminando las cuotas solidarias de los no afiliados. En un momento dado, cuando trascendió que el gobierno hacía lugar al pedido radical, el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Pichetto, dio un golpe de puño sobre la mesa amenazando con no votar la ley de Bases, a menos que se dejara completamente de lado el capítulo de modernización laboral.

El rionegrino está convencido de que este tema no pasa en el Senado y no quiere que se pierda el tiempo en Diputados. Al final, se incluyó una versión comprimida de la reforma circunscrita básicamente a la derogación de multas por no registración, ampliación del período de prueba y la implementación del fondo de cese laboral optativo como alternativa a las indemnizaciones.

Sin embargo, la UCR y la Coalición Cívica intentarán plasmar cambios y agregados en el recinto en lo que refiere a la reforma laboral y el impuesto al tabaco. Además, fiel a su tradición de no otorgar “superpoderes” a ningún presidente, la fuerza política de Elisa Carrió no votará la delegación de facultades.

También hay muchas dudas respecto a los que pueda suceder con la reversión de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, cuyo mínimo no imponible el gobierno pretende colocar en 1.800.000 pesos para trabajadores solteros y 2.200.000 pesos para casados con hijos. El radicalismo está dividido respecto de esta propuesta del gobierno y podría haber un batacazo en este sentido.

Por si fuera poco, hay diputados de la UCR y de HCF que no están convencidos de las “bondades” del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) de la ley de Bases, y podrían votar en contra o proponer cambios en el recinto para favorecer a inversiones menores a los 200 millones de dólares que el Poder Ejecutivo puso como piso para acceder a los beneficios.