“Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”. Las palabras son de Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, quien así quiso dejar en claro que la cantidad de gente que se moviliza no modifica de manera real el límite de fondos disponibles.
Luego de la masiva Marcha Universitaria el Gobierno volvió a responder una vez más a los reclamos de la comunidad educativa por la aplicación efectiva de la ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada por el Congreso. En este escenario Alejandro Álvarez sentenció: “La ley nació muerta”.
Este miércoles, en diálogo con radio Mitre, el subsecretario de Políticas Universitarias analizó: “La marcha no está cruzada por la política: es política y está organizada por partidos opositores”.
En ese sentido, volvió a justificar la decisión del Gobierno que se ampara en la defensa del superávit fiscal: “La Ley de Financiamiento Universitario nació muerta. Viola el primer principio, que es el presupuestario”.
“La ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar dónde tienen origen los fondos; si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto“, ahondó el funcionario.
En referencia al alcance de la manifestación, Álvarez precisó: “De números no hablamos… Si no, votaríamos las leyes de acuerdo a quién hace la manifestación más grande. El orden republicano pretende evitar eso”.
“Este es un sistema democrático en donde hay una parte de la población que no está de acuerdo con lo que hace un gobierno y tiene derecho a manifestarse, hay libertad para que los sindicatos se expresen. No hay ninguna evaluación: el número es relativo”, agregó.
Parte del reclamo del sector universitario es – justamente – el incumplimiento a la hora de aplicar la ley que fuera aprobada (y ratificada luego del veto presidencial) por el Poder Legislativo. Desde el Gobierno, esperan la definición de la Justicia, luego de que la Cámara de Apelaciones concediera un recurso extraordinario para frenar la cautelar y estirar el plazo de definición y promulgación hasta tanto se expida la Corte Suprema.
En este escenario, el subsecretario de Políticas Universitarias abrió el debate a otras alternativas que ofrecieron desde la Casa Rosada, como arancelar el acceso a la educación para ciertos estudiantes: “Como está la ley de educación superior hoy no podemos obligarlos. Nosotros podemos autorizar, por ejemplo, está autorizado cobrar a los extranjeros y la universidad no lo hace”.
“A pesar de que en algunas carreras es significativo el número de extranjeros, ellos hablan del 4 por ciento, el 3 por ciento, confundiendo el tema de residencias, de DNI. Es una persona que viene a estudiar acá y luego se va del país. La Argentina es un país abierto: la Constitución dice que vengan a habitar el suelo argentino, no a parasitar el suelo argentino”, sentenció.