El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, y el diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, anunciaron el envío al Congreso del proyecto de Ley de Principio de Inocencia Fiscal para blindar la utilización de los “dólares del colchón” en el marco del “Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”.
“Modificaremos los umbrales por los cuales el Estado podía perseguir a los contribuyentes por evasión. Hasta hoy, podía investigarse por evasor simple por una diferencia de un millón y medio de pesos, algo ridículo. A partir de ahora, estos límites se aumentan significativamente. De las 7.000 causas abiertas en el fuero penal tributario, únicamente quedarán en curso 200, que son las que implican una evasión fiscal real y significante”, comenzó diciendo.
Y continuó: “También se modifica el plazo de prescripción para la determinación tributaria de ARCA, el cual se disminuye de 5 a 3 años, siempre que los ciudadanos o las empresas hayan presentado su declaración jurada en tiempo y forma. Quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo pagando lo que debe. Con el nuevo criterio que establece esta ley, los problemas se resuelven pagando”.
Al mismo tiempo, el director del organismo recaudatorio explicó que esta nueva normativa permitirá “blindar para siempre a los ciudadanos argentinos que adhieran al ya anunciado Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias” y remarcó que esta decisión habilitará la normalización de la situación patrimonial de miles de argentinos.
A la gente que adhiera al nuevo régimen, indicó el funcionario nacional, ARCA le calculará el monto a pagar del impuesto a las Ganancias solo por lo facturado en ese período, sin importar cuánto haya aumentado su patrimonio o su consumo personal.
“En el ejemplo extremo, si durante un ejercicio fiscal una persona compra cinco departamentos, ARCA sólo le cobrará Ganancias por lo que haya facturado, menos los consumos deducibles. Con esta ley, estamos garantizando que ninguna administración futura podrá perseguirlos”, postuló Juan Pazo a modo ilustrativo.
Y concluyó: “Con esta ley estamos garantizando que ningún gobierno del futuro podrá perseguirlos por su situación patrimonial pasada. Ninguna administración de otro signo político que busque continuar con su adicción a la persecución podrá volver a tratar a todos los argentinos como delincuentes”.