Junto a la Liga De Gobernadores, nos solidarizamos con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el hecho de extrema gravedad institucional que vimos hoy, que quedará registrado en la historia como uno de los agravios más grandes al sistema democrático.
Se pretende condenar e inhabilitar políticamente a la vicepresidenta de la Republica mediante una sentencia judicial generada en un proceso atravesado por innumerables irregularidades y violaciones a principios y garantías constitucionales fundamentales.
Los fiscales y jueces actuantes en su afán de imputarla penalmente, le adjudicaron actos y funciones que son de exclusiva jurisdicción de otras áreas de gobierno y que le están vedadas expresamente por la constitución nacional, como lo actos de administración general y el manejo de fondos públicos.
Durante este burdo proceso judicial, se omitió deliberadamente analizar pruebas documentales y periciales relevantes que demostraba la absoluta regularidad de las obras investigadas.
Los alegatos del juicio nos permitieron conocer de primera mano las afrentas al debido proceso que sufrió la vicepresidenta y la imposibilidad de los fiscales de sostener sus agravios y acusaciones.
Todo este show mediático y judicial se dio además en un contexto de palmaria y escandalosa promiscuidad entre fiscales y jueces intervinientes que escandalizo a la opinión publica.
Los hechos investigados objeto de la condena, ya habían sido sobreseídos años anteriores y la reapertura del proceso se dio cuando en el gobierno anterior se puso en marcha como nunca en la Argentina un mecanismo de persecución judicial y mediática a líderes políticos del campo nacional y popular.
Esta absurda condena con fines políticos no es un hecho aislado, sino que forma parte de una operación de poderes económicos que se reprodujo recientemente en Sudamérica con otros líderes populares y que luego de disparatadas condenas, y al paso del tiempo, volvieron a ser legitimados por sus pueblos regresando al poder.
La inhabilitación para ejercer cargos públicos dictada hoy es el nuevo ropaje jurídico en la histórica proscripción que sufrió el peronismo toda vez que fue derrocado del poder por la fuerza, tal como aconteció en 1955 con la revolución libertadora y en 1976 con la última dictadura cívico militar que tuvo como saldo la muerte y desaparición de 30 mil argentinos.
El enorme respaldo popular y prestigio que goza nuestra vicepresidenta como líder y conductora del espacio político mayoritario de la Argentina es la garantía que impedirá que grupos minoritarios, violentos y antidemocrático puedan poner en riesgo el estado de derecho que tanto nos costó conseguir a los argentinos.