Limitan el uso de la Telefonía Celular e Internet en los Establecimientos Penitenciarios

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Por iniciativa del Poder Ejecutivo provincial, la Legislatura sancionó la ley por la cual se establecen límites al uso de telefonía celular e internet en el interior de los establecimientos penitenciarios de la provincia con el objetivo de prevenir la planificación, dirección y comisión de delitos. La iniciativa contó con 27 votos afirmativos.

 

 

La ley determina que el Ministerio de Seguridad deberá adquirir e instalar equipos destinados a inhibir, bloquear o anular de manera permanente la señal de telefonía celular e internet en el interior de los establecimientos penitenciarios de la provincia. Bajo ningún aspecto, los equipos y las acciones destinadas a inhibir, bloquear o anular la señal de telefonía celular e internet en el interior de los centros de reclusión regidos por esta ley podrán afectar a las comunidades aledañas.
Además, establece que se deberá garantizar el derecho a la comunicación de los internos, mediante la instalación de teléfonos públicos fijos o inalámbricos o los que proporcionen una comunicación controlada en las diferentes penitenciarías. Los teléfonos fijos alámbricos o inalámbricos deberán ser programados para reproducir, al inicio de cada comunicación, un mensaje pregrabado, en el cual se indicará el nombre y la ubicación del establecimiento penitenciario controlada desde donde se origina la llamada
Manifestaciones en el recinto
El Presidente de la Comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad Darío Bacileff Ivanoff señaló  que “ este tema fue debatido ya el año pasado en esta Legislatura en la cual uno ya ha tomado posición. Este dictamen se da en virtud del avance de la tecnología y el acceso a medios tecnológicos de medios de comunicación  en cárceles y las consecuencias que vivió la Argentina y el Chaco en virtud de que algunos usaban a los efectos de continuar cometiendo ilícitos llámese extorsión, amenazas, entre otros desde el alojamiento de los presos. En ese sentido se planteaba controlar y limitar el uso de la tecnología para prevenir este tipo de conductas”.
“En ese contexto-relató el legislador- la comisión recibió una serie de actores que plantearon sus pareceres al respecto del proyecto que en principio debo manifestar que  aquí estamos normando la regulación, limitación de un derecho a la comunicación no de ciudadanos comunes, sino que estamos regulando la comunicación de personas que están condenadas por sentencia firme que los priva de su libertad, pero que tienen derecho a comunicarse con sus abogados y  familiares . Entendemos atinada la iniciativa en general en la cual en particular sugerimos algunas propuestas desde el bloque”.
En representación del Bloque Justicialista el diputado  Nicolás Slimel acompañó la propuesta entendiendo que “ este proyecto  viene a ordenar y regular el uso de los dispositivos móviles para las personas que están privadas de su libertad, consideramos que debe haber un criterio humanístico para que no sea violatorio para ningún tipo de derecho . Con esta ley se respetan cuestiones planteadas por los derechos humanos porque esto permite una cierta autorización a los reclusos para poder comunicarse, también se tomaron algunas cuestiones planteadas por la Asociación Civil de Pensamiento Penal y el Comité de Prevención de la Tortura. Acompañamos en general y en particular tenemos una propuesta propia”, expresó.
Desde el bloque oficialista, el legislador Sebastián Lazzarini repasó el tratamiento del tema en la Legislatura chaqueña. “Hace un año y tres días hemos conseguido aprobar esta ley, en aquel momento éramos oposición, fue una iniciativa de Livio Gutiérrez  que obtuvo 23 votos afirmativos , 2 abstenciones y 3 en cartera y que luego el entonces gobernador Jorge Capitanich decidió vetar, y ahora el gobernador Leandro Zdero toma como bandera esta iniciativa que hoy trajimos para debatirlo”.
 “Mucho se dijo con respecto a las estadísticas que soy de respetar, pero nadie hizo mención en lo que tiene que ver con la cifra oscura, y desde lo técnico penal no es otra cosa los delitos que no llegan a formalizar o efectivizar con una denuncia, y en este sentido hay 33 casos puntuales que están establecidos donde se comete delito, extorsiona, intentan manejar voluntades aquellas personas que están privadas de su libertad”, subrayó.

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