Marine Le Pen, líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) de Francia, fue declarada este lunes culpable de malversación de fondos europeos para financiar su partido.
El tribunal francés decidió inhabilitarla para ejercer cargos públicos durante cinco años, con efecto inmediato, lo que significa que no podrá presentarse a las elecciones presidenciales francesas de 2027.
Además de la prohibición de ostentar cargos públicos, Le Pen fue condenada a cuatro años de prisión, dos de los cuales serán suspendidos.
Pero no se sabe si entrará en prisión o si tendrá otras restricciones, como el uso de un dispositivo electrónico de localización.
Le Pen también recibió una multa de 100.000 euros (US$108.000).
Durante la lectura de la sentencia, mientras el juez aún estaba dando los detalles de la sentencia, la líder de RN abandonó la sala.
El veredicto es un duro golpe para las ambiciones presidenciales de Le Pen, una política nacionalista y antiinmigración que muchos veían como favorita en la carrera de 2027, a pesar de tres intentos fallidos anteriores.
En una entrevista con la cadena francesa TF1 horas después de conocerse el fallo, Marine Le Pen acusó al juez de haber tomado una “decisión política” para tratar de impedir que se postule en 2027.
La líder de RN alegó que su condena supone una violación del Estado de derecho digna de “regímenes autoritarios” y adelantó que presentará una apelación “lo antes posible”, ya que se considera “inocente”.
“Les digo esta noche que no estoy desmoralizada. Al igual que ustedes, estoy escandalizada e indignada, pero esta indignación, este sentimiento de injusticia, es un impulso adicional a la lucha que defiendo por ellos (los votantes)”, sentenció.
El caso
El año pasado, la fiscalía declaró que el castigo para Le Pen no debería ser solo una multa de 300.000 euros (US$324.000) y una pena de prisión, sino también la inhabilitación para presentarse a cargos públicos durante cinco años.
Y lo más importante, el organismo afirmó que la inhabilitación debería entrar en vigor de inmediato y no suspenderse a la espera de la apelación que Le Pen previsiblemente presentaría si es declarada culpable.
Le Pen fue acusada, junto con más de 20 figuras importantes de su partido, de contratar con fondos del Parlamento Europeo a asistentes que trabajaban en asuntos del RN, y no de la cámara europea.
Durante el juicio del año pasado, Le Pen negó haber cometido “la más mínima irregularidad”.
Hace un mes volvió a reiterar su inocencia: “No tengo absolutamente ninguna sensación de haber cometido la más mínima irregularidad o el más mínimo acto ilegal”.
Tanto ella como 24 miembros de su partido, incluidos nueve exdiputados del Parlamento Europeo y sus 12 asistentes parlamentarios, fueron declarados culpables de formar parte de una vasta trama que 2004 y 2016 malversó fondos del Parlamento Europeo.
El sistema de empleos falsos tuvo una magnitud y duración sin precedentes, causando pérdidas de 4,5 millones de euros (US$4,8 millones) a los fondos públicos europeos.
Los asistentes pagados por el Parlamento Europeo deben trabajar directamente en asuntos parlamentarios de Estrasburgo, algo que, según los jueces, no había sucedido en el caso de RN.