Myanmar volvió a la pena de muerte después de décadas: la justa militar ejecutó a opositores

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Después de tomar el poder el año pasado, la junta militar condenó a muerte a decenas de opositores para reprimir la disidencia. Los cuatro condenadores fueron ejecutados por encabezar “actos de terror brutales e inhumanos”.

La junta militar de Myanmar ejecutó a cuatro personas, entre ellas un antiguo diputado del partido de la exdirigente Aung San Suu Kyi y un conocido activista prodemocracia, en la primera aplicación de la pena de muerte en el país en décadas, informó este lunes la prensa estatal.

Los cuatro fueron ejecutados por encabezar “actos de terror brutales e inhumanos”, indicó el diario estatal Global New Light of Myanmar, que dijo que las ejecuciones se llevaron a cabo “bajo el procedimiento de la prisión”, sin detallar cuándo ni cómo murieron.

Después de tomar el poder el año pasado, la junta militar condenó a muerte a decenas de opositores para reprimir la disidencia.

Uno de los ejecutados, Phyo Zeya Thaw, de 41 años, fue parlamentario del partido Liga Nacional por la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés) de Aung San Suu Kyi, había sido detenido en noviembre y condenado a muerte en enero por violar la ley antiterrorismo.

La junta lo acusó de haber orquestado varios ataques contra el régimen, entre ellos uno contra un tren en el que cinco policías fueron asesinados en agosto pasado en Rangún.

El activista por la democracia Kyaw Min Yu, conocido como “Jimmy”, de 53 años, había recibido la misma sentencia del tribunal militar.

Los otros dos ejecutados habían sido sentenciados a muerte por el asesinato de una mujer que, según ellos, era una informante de la junta en Rangún.

La última ejecución capital en Myanmar se había llevado a cabo en 1988, según un informe de expertos de la ONU de junio pasado, que contabilizó 114 condenas a muerte desde el golpe de Estado.

Human Rights Watch calificó las ejecuciones como “un acto de absoluta crueldad”.

La directora para Asia de la ONG, Elaine Pearson, pidió a la comunidad internacional “mostrar a la junta que habrá una rendición de cuentas por sus crímenes”.

Después de que el mes pasado anunciara las ejecuciones, el gobierno militar había recibido duras críticas por la decisión.

El secretario general de la ONU, António Guterres, la tachó de una “flagrante violación del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas”.

En mayo, un tribunal de la Junta condenó a la derrocada líder civil Aung San Suu Kyi a cinco años de cárcel por corrupción, en medio de numerosas acusaciones en su contra.

La Premio Nobel de la Paz, de 77 años, que permanece con prisión domiciliaria en la casa de su familia en Rangun, ya fue condenada a seis años de prisión por incitación contra los militares, violar las reglas anticovid y una ley de telecomunicaciones.

El golpe de Estado que la derrocó el 1 de febrero de 2021 generó protestas y revuelo en todo el país, que los militares reprimieron con la fuerza pública.

Desde el golpe, más de 2.000 personas murieron y más de 15.000 fueron detenidas en la represión contra los disidentes, según un grupo local de monitoreo.

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