Como parte del programa de motosierra que caracteriza al mandato de Javier Milei, el Gobierno tomó una nueva determinación en la que, esta vez, toca al Instituto Nacional del Cáncer, el cual será absorbido completamente por el Ministerio de Salud.
La decisión fue revelada mediante un posteo en la cuenta de X (ex Twitter) de la cartera, en la que aclararon que “se busca eliminar duplicidad de tareas, tener un mayor control de las acciones y cumplir con sus funciones de una manera más eficiente, manteniendo y garantizando programas, acceso a medicamentos y tratamientos”.
Desde el organismo, explicaron que la decisión responde a una serie de relevamientos sobre su funcionamiento, en el que se detectaron problemas logísticos, con entrega de medicamentos al borde de su vencimiento, compras ineficientes y programas y estructuras duplicadas”.
De hecho, ejemplificaron algunos puntos por los cuales la cartera tomó dicha determinación: “Podemos encontrar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Reporte del Cáncer, cuyas tareas ya realiza la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica; y los Programas Nacionales de Control y Prevención de distintos tipos de cáncer, cuyas responsabilidades ya están contempladas en las funciones de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles”.
Además, resaltaron que se detectaron “graves fallas” en la compra de medicamentos que no se ajustaron a los cambios de demanda. El texto menciona un caso del 2023, donde se compraron opioides “sin ningún criterio de cantidad y precio, lo que devino en vencimientos y un perjuicio para la administración del Estado, ya que se tuvieron que tirar 400.000 unidades de morfina vencida por una mala planificación”.
Sin embargo, y para evitar cualquier tipo de crítica por parte de sectores opositores, el comunicado aclara sobre el final que las funciones del Instituto permanecerán activas: “El Ministerio reitera y recalca: esta medida no afectará la continuidad de ningún programa que garantiza el Instituto Nacional del Cáncer y sólo es un cambio administrativo que apunta a corregir los problemas encontrados, optimizar los procesos de compra y mejorar la calidad de la atención al paciente oncológico”.