El Gobierno argentino está elaborando un proyecto de reforma a la ley de Migraciones (25.871) con el objetivo de implementar mayores controles y restricciones en el acceso a la residencia para extranjeros. Se prevé que esta iniciativa sea presentada al Congreso durante las sesiones ordinarias. Además, la iniciativa contiene el arancelamiento sanitario y universitario a no residentes.
La propuesta, según se pudo saber desde el oficialismo, incluye un régimen más estricto para la concesión de residencias a estudiantes extranjeros. Las autoridades del Gobierno señalaron que, en gestiones anteriores, no se realizó un control adecuado de la documentación presentada, lo que permitió que algunos extranjeros obtuvieran la residencia tras periodos de estudio muy breves.
Además, se busca restringir el acceso a la residencia de inmigrantes en situación irregular que tienen hijos nacidos en el país. Actualmente, el trámite para obtener la residencia requiere documentos como el pasaporte o cédula de identidad, el certificado de antecedentes penales y el acta de nacimiento del hijo argentino.
El proyecto también contempla la implementación de aranceles para el uso de servicios sanitarios y universitarios por parte de extranjeros no residentes. Esta medida fue anunciada en diciembre por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y está siendo desarrollada por el equipo de la Dirección Nacional de Migraciones, liderado por Sebastián Seoane, bajo la supervisión del vicejefe de gabinete del Ministerio del Interior, Lisandro Catalán. Actualmente no hay extranjeros no residentes en las universidades nacionales.
En paralelo, el Gobierno busca reforzar los controles fronterizos, particularmente en la región norte del país. En este marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el Plan Güemes en la provincia de Salta, que incluye el despliegue adicional de agentes de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura e Inteligencia Criminal en la frontera con Bolivia.
Estas reformas sonparte de una política migratoria más restrictiva que busca prevenir la llegada de individuos considerados por el Gobierno como “una amenaza para la seguridad nacional”.