El Ministerio de Desregulación y Transformación, a cargo de Federico Sturzenegger, instó a que los empleados públicos que cumplan con los requisitos de edad inicien los trámites de jubilación en un plazo máximo de 30 días, una decisión que va en línea con el plan de reducción del Estado del Gobierno.
La medida se concretó en la Resolución 3/2024 publicada este miércoles en el Boletín Oficial,y tiene como principal objetivo “optimizar los recursos” del sector estatal.
Según indica la norma, el objetivo es “asegurar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos” en ese ámbito. El ministerio de Sturzenegger instruyó a “los titulares de las entidades comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias”, a llevar a cabo aquella diligencia “en un plazo no mayor a 30 días hábiles”.
Según indica el artículo 19 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones N°24.241, quienes deberán iniciar el proceso son los hombres que hubieran cumplido 65 años, mujeres que hubieran cumplido 65 años y quienes acrediten 30 años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad.
a medida abarca, en específico, a los empleados de la “Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social”.
También están comprendidos quienes trabajan en “entes públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones”.
En paralelo, la resolución del Ministerio conducido por Federico Sturzenegger busca avanzar en la misma dirección en “las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”.