El Gobierno nacional oficializó el primer cambio en el Presupuesto 2025 a través del decreto 186/2025, ante la falta de aprobación de una ley presupuestaria por parte del Congreso, que fuera girado el 15 de septiembre de 2024.
“Ante la emergencia, resulta indispensable que el Gobierno Nacional asegure una distribución eficiente de los recursos para cumplir con sus obligaciones. Por ello, es necesario adecuar el presupuesto vigente y asignar fondos adicionales a áreas clave. De no realizarse esta modificación de manera inmediata, se vería comprometida la prestación de servicios esenciales a cargo del Estado Nacional”, justifica el decreto, firmado por el presidente Javier Milei y su Gabinete: Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri, Luis Andrés Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Iván Lugones, Sandra Pettovello y Federico Adolfo Sturzenegger.
Según el propio texto oficial, la reasignación de partidas tiene como objetivo garantizar el funcionamiento de servicios esenciales, priorizando áreas críticas como seguridad, salud, energía y educación.
Entre las medidas, se destacan:
- Aumento del presupuesto para la supervisión de personas procesadas y condenadas.
- Reducción de transferencias a CAMMESA y aumento de fondos para ENARSA. Se refuerzan los aportes a Energía Argentina S.A. (Enaersa) para cubrir gastos asociados a la obra hidroeléctrica Cóndor Cliff – La Barrancosa, en Santa Cruz.
- Refuerzo presupuestario para el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad.
- Incremento de fondos para la Superintendencia de Seguros de la Nación para afrontar un embargo judicial.
- Garantía de recursos para el sector educativo y científico.
- Implementación de un régimen de normalización de deuda en el mercado eléctrico para asegurar la sostenibilidad del sistema. Se establece un régimen especial de regularización para las distribuidoras que mantienen deudas con Cammesa y el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), incluyendo planes de pago en hasta 72 cuotas. Además, se lanza un programa de créditos para aquellas distribuidoras que han cumplido con sus compromisos.
- Autorización de avales para provincias y la Ciudad de Buenos Aires para acceder a deuda externa.
- Uso de bienes inmuebles del Estado para el pago de deuda pública.
Entre estas medidas también se incluye:
- Presupuesto educativo: Garantiza la asignación automática de fondos a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para gastos educativos.
- Aportes internacionales: Autoriza pagos al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por u$s2,5 millones en tres cuotas anuales y al Banco Interamericano de Desarrollo (IDB Investment Corporation) por u$s436,9 millones en siete cuotas.
- Defensa: Establece que el Instituto de Ayuda Financiera para Retirados y Pensionados Militares cubra al menos el 46% de los haberes de retiro y pensión.
- Pago de deuda con bienes del Estado: Permite utilizar bienes muebles e inmuebles del Estado Nacional para saldar deudas con provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
- Promoción de la Economía del Conocimiento: Asigna un cupo fiscal de $195.000 millones para beneficios promocionales.
Detalle de la reasignación de partidas
- Asistencia Financiera a Empresas Públicas, Ministerio de Economía: disminuye en $1.378.408 millones;
- Servicios económicos, Obligaciones a cargo del Tesoro: aumenta en $1.245.420 millones;
- Asuntos penitenciarios, Ministerio de Seguridad Nacional: sube en $61.969 millones;
- Actividades Comunes de Programas de Gestión Sanitaria, Ministerio de Salud: amplía en $30.000 millones;
- Seguridad Federal, Ministerio de Seguridad Nacional: se incrementa en $16.429 millones;
- Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional, Jefatura de Gabinete de Ministros: recorta $15.000 millones;
- Pensiones no Contributivas por Invalidez Laborativa, Ministerio de Salud: crece en $13.507 millones;
- Información de inteligencia de Estado, Presidencia de la Nación: aumenta en $7.366 millones;
- Alistamiento Operacional del Ejército, Ministerio de Defensa: sube en $4.100 millones;
- Actividades centrales Vicejefatura de Gabinete de Ministros: se amplía en $2.529 millones;
- Otras modificaciones: aumentan en otras jurisdicciones en $4.010 millones.
El efecto neto de estas modificaciones implica, en caso de ejecutarse plenamente a lo largo del año, una reducción del gasto total asignado en el Presupuesto vigente de $8.079 millones.