Pedido al Presidente Alberto Fernández y al Gobernador Omar Perotti para salvar a Vicentin

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Lo pidió la Comisión especial de Diputados que cree que es el momento de una intervención del Estado. Reunión con los fiscales que investigan al directorio.

La Comisión de Seguimiento de Vicentin volvió a pedirle ayer al presidente Alberto Fernández y al gobernador Omar Perotti que se involucren en una “salida política” para la agroexportadora en default, como llamó al “salvataje” con participación del Estado y los acreedores que asuma el control de la empresa y desplace a catorce directivos imputados por supuestas “estafa, defraudación y balances falsos”, entre ellos Omar Scarel, el ex síndico que hoy preside el directorio. “Desde la Legislatura siempre hemos planteado la necesidad de una salida política para Vicentin. Este es el momento”, dijo el diputado Luis Rubeo, al insistir que los tiempos han cambiado desde julio de 2020, cuando Alberto decretó la intervención de la cerealera, pero después se arrepintió y anuló su propio DNU. “Me da la sensación de que hoy ya nadie saldría a la calle con el cartelito: ‘Todos somos Vicentin’” para oponerse a que Estado evite la caída de la empresa más importante de Santa Fe y la desnacionalización del comercio de granos en la Argentina. “Necesitamos que Perotti tome cartas en el asunto”.

La comisión adoptó ayer dos decisiones. Mañana, las 10, recibirá en el anexo de la Cámara de Diputados en Rosario a los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos, Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, que imputaron a los directores de Vicentin y hace tres semanas ordenaron la detención de Scarel. Y el 10 de agosto, en la Legislatura, convocará a una audiencia pública para debatir el destino de Vicentin con todos los actores: “los directivos de la empresa, los acreedores, la banca pública y privada y los sectores cooperativos para llevar claridad a esta situación. Para nosotros es vital el funcionamiento de Vicentin”, dijo Rubeo. La convocatoria a la audiencia pública fue propuesta por su colega del bloque Igualdad, Rubén Giustiniani y se descuenta que será aprobada por la Cámara, en la próxima sesión, el 7 de julio.

Uno de los temas del plenario fue el “pedido de avocamiento” a la Corte Suprema de la provincia en el concurso preventivo de Vicentín que hizo uno de los acreedores: la empresa Comnmodities SA, al que se sumó el Banco Nación. El presidente del tribunal, Rafael Gutiérrez, suspendió los plazos procesales, corrió traslado al juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, para que se expida acerca de la solicitud y le remita toda la causa. Una vez que la Corte escuche a las partes, resolverá si avoca o no, con el voto de sus seis ministros.

Rubeo dijo que la decisión de Gutiérrez lo “sorprendió gratamente” porque “si el proceso seguía en manos del juez Lorenzini hubiéramos terminado en un escenario que hubiera violado una cuestión fundamental, que el patrimonio de la empresa que está enajenado se utilizara como garantía de un concurso que viene muy controvertido”. “Es importante que la Corte” pueda encausar este proceso que “viene altamente controvertido”, agregó.

Le preguntaron si después de la decisión de Gutiérrez habían tenido comunicación con la Corte. “No hablamos con nadie”, respondió Rubeo. “Analizamos la posibilidad de conversar con la Corte”, pero después la iniciativa se desestimó porque “no queremos llevar adelante ninguna acción que pueda ser mal interpretada”.

Después del default de Vicentin, la comisión es “el único órgano público” que sigue el proceso con “diputados de todos los partidos que representan a la Legislatura. No es un dato menor”, planteó Rubeo. “Además, siempre reivindicamos los tres objetivos” del grupo: “La defensa de los puestos de trabajo, la presencia en el comercio exterior de granos de una empresa de capitales nacionales y lo que todos queremos saber: ¿dónde fue la plata de Vicentin?”

Rubeo insistió que Alberto y Perotti deben involucrarse en la búsqueda de una “salida política” para Vicentin, que “contemple a los acreedores granarios, sectores cooperativos y a la banca pública y privada”. “Nosotros no decimos cuál es el nuevo diseño de administración, pero puede ser un sistema mixto entre el Estado y los acreedores. Lo que necesitamos es que Vicentin siga produciendo y darle certeza a los acreedores que puedan cobrar”. “No hablamos de cualquier empresa, es la más importante de la provincia de Santa Fe que involucra a 7.000 trabajadores en forma directa e indirecta. Necesitamos que el gobernador Perotti tome cartas en el asunto”, planteó Rubeo.

-¿El gobierno nacional los convocó?

-No, pero vamos a pedirle que nos convoque. La diputada María Laura Cornaglia planteó la necesidad de que el gobierno nacional y el gobierno provincial se involucren en el destino de Vicentin –contestó Rubeo. Además de Giustiniani y Cornaglia, en el plenario participaron la diputada Bettina Florito y sus colegas Ariel Bermúdez, Fabián Palo Oliver y Carlos del Frade.

 

 

Página 12

 

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