El discurso anual del mandatario peruano, el 28 de julio, sólo agudizó más las tensiones, según los analistas, en medio del elevado rechazo popular al Ejecutivo y al Legislativo, del crecimiento de sectores que exigen elecciones generales anticipadas y del clamor para que se atiendan los problemas del país.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, comenzó esta semana su segundo año de gobierno cercado por la oposición en el Congreso y por investigaciones de la Fiscalía, lo que genera un escenario que, una vez más, hace que muchos duden de que pueda terminar su mandato en 2026.

El discurso anual de Castillo, el 28 de julio, sólo agudizó más las tensiones, según los analistas, en medio del elevado rechazo popular al Ejecutivo y al Legislativo, del crecimiento de sectores que exigen elecciones generales anticipadas y del clamor para que se atiendan los problemas del país.

“No avizoro que en este año legislativo las fuerzas políticas declinen en sus intentos golpistas”, anticipó la parlamentaria Betsy Chávez, quien, como buena parte del oficialismo, cree que lo que está en marcha es un golpe de Estado contra Castillo encubierto en un proceso de vacancia (destitución).

Por lo pronto, el congresista Edward Málaga confirmó que se trabaja en la destitución: “Hay una moción que llamamos ´vacancia 3.0´, trabajada por diferentes bancadas. Cuando esté consolidado el documento será sometido a evaluación, para presentarlo como un esfuerzo multipartidario”.

Según Málaga, legislador de centro que se sumó a las ideas de vacancia hasta ahora manejadas por la derecha más dura, el proyecto “3.0” se diferencia de los dos intentos fracasados de sacar a Castillo en que todo estará muy bien estudiado y no se caerá en apresuramientos.

La oposición, que no logró los votos necesarios (87 entre 130 congresistas) en los dos intentos de destitución presidencial, acusa al jefe de Estado de “incapacidad moral permanente” derivada de supuestos hechos de corrupción que lo rodean.

Los argumentos que apuntaban al “comunismo” de Castillo han sido reemplazados en el discurso opositor por los actos que, en un hecho inédito para un presidente en ejercicio, se han convertido en investigaciones formales de la Fiscalía, que lo citó a declarar para el 4 y el 9 de agosto. El mandatario asistirá en ambas fechas, confirmó el sábado a la prensa su abogado defensor, Benji Espinoza.

Los supuestos hechos se refieren a sobornos para Castillo a cambio de darle a una empresa la construcción de un puente y comprarle biodiesel a otra, a obstrucción a la justicia por ocultamiento de testigos, a intervenciones ilegales en ascensos en el Ejército y la Policía y a un plagio en la tesis universitaria del ahora presidente.

El exsecretario general de la Presidencia Bruno Pacheco -que se entregó a la Fiscalía tras casi 100 días de clandestinidad- y dos lobistas han ofrecido testificar contra Castillo. A ellos se podría unir el prófugo exministro de Transporte Juan Silva, supuesta piedra angular del esquema y de quien hay rumores de que negocia su entrega.

Para algunos congresistas y juristas, los avances de la Fiscalía podrían generar que el Parlamento suspenda a Castillo por un lapso mientras se desarrollan las pesquisas, lo que en la práctica sería un plan B, sin mayoría calificada, como alternativa frente a la vacancia.

No obstante, eso no es compartido por otros sectores de parlamentarios y de especialistas, que estiman que dentro de los potenciales cargos contra Castillo no hay ninguno que pueda justificar la suspensión, por lo que habría el riesgo de ilegalidad.

De hecho, hasta ahora la defensa del presidente tiene como estrategia, más que rebatir los casos en sí, argumentar que las acciones fiscales y los intentos de acusación constitucional no pueden alcanzar al mandatario mientras esté en el cargo.

Antes esas dudas, la moción de vacancia sigue al parecer como primer objetivo de los opositores. Lo que no está claro es si lograrán ahora sí los votos. Según Málaga, en estos momentos hay 80 congresistas a favor de esa salida, con lo que solo faltarían siete.

El Gobierno comenzó con 37 congresistas del partido Perú Libre (PL), a los que se sumaban cinco del grupo aliado Cambio Democrático, para formar un bloque de 42 que hacía muy difícil que los restantes 88 lograran los 87 sufragios.

Aunque PL está ahora roto en cuatro pedazos -incluso Castillo renunció al partido-, no está claro si algunos de quienes formaron esa bancada apoyarían la vacancia. El líder de ese colectivo marxista leninista, Vladimir Cerrón, es cada vez más crítico, pero no ha hablado de luz verde para la destitución.

El Congreso tiene además dos aristas para analizar: qué hacer con Dina Boluarte -miembro de PL y primera en la línea de sucesión- y cómo maniobrar en medio de su propia impopularidad, pues, según encuestas, más de 80% de los peruanos lo rechaza, es decir, algunos puntos más de los que tiene de rechazo el Gobierno.

En cuanto a lo primero, un sector ultra de derecha, liderado por el congresista Jorge Montoya, sostiene que es necesario sacar a Boluarte incluso antes que a Castillo, con lo que la jefatura de Estado quedaría en quien presida entonces al Congreso (la hoy presidenta, Lady Camones, se comprometió a renunciar si se presentara ese escenario).

Otros congresistas no descartan en cambio que se le dé el mando a la vicepresidenta y ministra de Inclusión. Contra la funcionaria hay un proceso en marcha porque cuando ya estaba en el Gobierno siguió en la presidencia de un club, lo que está prohibido.

En medio de ese escenario, la sociedad civil trata de asumir algunas iniciativas, la más notoria de las cuales, impulsada por el expresidente Francisco Sagasti, exige elecciones generales para que un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso asuman en julio de 2023.

La propuesta, para la que se recogen firmas, tiene un problema: para tornarse real necesariamente tiene que pasar por los congresistas, muchos de los cuales desean que Castillo y Boluarte se vayan pero sin que el período del Legislativo sufra restricciones.

En medio del entrampamiento, que ha tenido a Castillo contra las cuerdas durante todo el año, Perú enfrenta amenazas: Al costo de vida, el desempleo, la informalidad laboral, la inseguridad o la inequidad se suma ahora una amenaza real de crisis alimentaria que según analistas no es atendida como se debería.

“Es como una pelea de cachascán (catch), donde dos rivales se insultan, se golpean de mala forma, pero a la hora de ponerse de acuerdo en lo peor para el país, ahí sí votan”, dijo en el diario La República el exministro del Interior Walter Albán, en alusión a que Gobierno y Congreso sí han llegado a acuerdos pero para hacer contrarreformas conservadoras.

“Eso está claro, la población lo entendió y en todas las encuestas lo indica. Castillo ya no tiene credibilidad, pero el Congreso está peor”, resumió Albán.