El procedimiento implementado desde el Ministerio de Seguridad y Justicia del Chaco consta de cinco ejes de trabajo: Mesa de coordinación investigativa, Mesa de coordinación institucional, Estrategia multiagencial para la reducción de la violencia, Fortalecimiento de los recursos materiales y Estrategias de seguridad preventiva.

A partir del oleaje delictivo en el cual se vio inmersa la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, el Ministerio de Seguridad y Justicia del Chaco diseñó un plan integral de Seguridad Pública basado en la descentralización y transferencia estratégica de recursos humanos, la innovación tecnológica y máxima organización posible. Este plan se configura sobre la base de cinco ejes de trabajo: Mesa de coordinación investigativa, Mesa de coordinación institucional, Estrategia multiagencial para la reducción de la violencia, Fortalecimiento de los recursos materiales y Estrategias de seguridad preventiva.

Estrategias de seguridad preventiva

“Entendiendo que cuando hablamos de prevención estamos haciendo referencia a las acciones vinculadas a impedir, evitar, obstaculizar o limitar aquellos hechos que dadas determinadas circunstancias y elementos objetivos y concurrentes, pudieran resultar delictivos o pudieran configurar actos atentatorios de la seguridad pública”, se instó desde esa cartera que conduce Gloria Zalazar al recordar lo establecido en el artículo 3, inciso A, de la ley de Seguridad Pública de 2011-2012.

Así, este eje pretende promover la formulación, implementación y/o evaluación de las estrategias de prevención social de la violencia y el delito, generando programas que actúen en forma directa o indirecta sobre las condiciones y los factores sociales determinantes de hechos de violencia que favorecen o apuntalan conflictos y hechos delictivos.

“Se pretende generar un sistema preventivo que se dedique a diagramar y planificar operaciones e intervenciones policiales focalizadas en los distintos sectores de la ciudad derivadas de un análisis criminal; gestionar una capacidad de producción de análisis criminal sostenida y robusta; desarrollar mecanismos y dispositivos organizativos para la planificación de operaciones policiales orientada por poblemos delictivos; e implementar dispositivos de control y evaluación del desempeño policial operacional”, destacó la funcionaria provincial.

Por eso, y a los efectos de implementar esta estrategia, se pretende diseñar e implementar un sistema de núcleos de carácter netamente analítico-operacional. Este núcleo denominado Centro de Análisis y Operaciones Policiales (COP) estará geográficamente localizado en Sáenz Peña y tendrá la misión de producir análisis criminal, planificar las operaciones e intervenciones policiales focalizadas y evaluar el desempeño operacional policial posterior. Para esto, se llevarán a cabo diversos programas: Más policías en tareas de prevención, Policiamiento por precintos, Estrategias de policiamiento focalizadas, Interceptación de delitos predatorios (IDP) e Intervención estratégica situacional (IES).

Mesa de Coordinación Institucional

A partir de esta Mesa de Coordinación Institucional se pretende generar un espacio de colaboración, complementación y trabajo conjunto entre las autoridades provinciales del Ministerio de seguridad, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y las autoridades municipales para abordar la seguridad local, como un aspecto fundamental de la seguridad pública provincial. Esta mesa estará conformada por un representante del Ministerio de Seguridad y Justicia, un funcionario del municipio, autoridades policiales del municipio, representantes del Poder Judicial y representantes del Ministerio Púbico Fiscal.

Entre sus objetivos, se destaca el de promover la gestión integrada y coordinada de la información; como así también establecer criterios, lineamientos y respuestas comunes de parte de los gobiernos provincial y municipal para el abordaje integral de los fenómenos delictivos. A su vez, impulsar una institucionalidad local y regional que consolide los criterios unificados de intervención por parte de los diferentes municipios en materia de delitos complejos, letales o de violencia altamente lesiva y articule con todos los organismos y niveles del Estado para garantizar intervenciones eficientes y eficaces.

Finalmente, la Mesa tiene como objetivo construir enlaces e instancias de colaboración, comunicación e intercambio entre el Ministerio de Seguridad y Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y los demás actores estatales que resulten relevantes en la ciudad. A su vez, generar modelos de gestión flexibles de articulación provincial y local, centrados en esquemas de colaboración y cooperación conjunta que permitan evitar la fragmentación de las políticas públicas con las que se busca dar respuesta a las violencias extremas.

Estrategias multiagencial para la reducción de la violencia

El plan integral de Seguridad Pública diseñado para Presidencia Roque Sáenz Peña también contempla estrategias para reducir y controlar la violencia altamente lesiva y con elevados niveles de letalidad focalizada en espacios territorialmente delimitados en las ciudades de la provincia del Chaco, mediante políticas multiagenciales integrales de reconstrucción del entramado social y estatal barrial.

Mesa de coordinación investigativa con el Ministerio Público Fiscal

Por último, este plan integral propone una mesa cuyos integrantes sean representantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Seguridad y Justicia provincial. La finalidad de esta mesa es la de diseñar, coordinar e implementar trabajos integrados (lo que se conoce como POP orientation).

En este sentido se pretende impulsar: Persecuciones Penales Estratégicas por medio de la cual se busque integrar el trabajo de los fiscales en el marco de una estrategia global de comprensión de cada una de las formas específicas de la criminalidad.

Y la Persecución Penal Comunitaria, tendiente a promover una integración del trabajo entre las fuerzas de seguridad y los miembros del Ministerio Público Fiscal en cada uno de los sectores conflictivos de la ciudad en forma específica, buscando generar alianzas, convenios y mesas de abordaje interinstitucionales con otros actores sociales y estatales para responder de forma integral (no sólo con persecución penal) a una determinada área de la criminalidad.