La Municipalidad de Resistencia volvió a denunciar ante la Justicia a diferentes referentes de movimientos sociales por la interrupción del tránsito vehicular en diferentes puntos de la zona céntrica de la capital chaqueña. La gestión municipal insistió en que las autoridades jurídicas y provinciales garanticen el derecho a la libre circulación para los vecinos y vecinas.

De esta manera, según consta en el documento jurídico, el Municipio pretende “garantizar la libre circulación de los ciudadanos ante los derechos constitucionales afectados”, siempre teniendo en cuenta que “no se desconocen los derechos a estas agrupaciones a la libre expresión, protesta, reclamos o manifestación ante las autoridades, sino crean dentro de la ciudad un ámbito de igualdad y garantizar la circulación libre de todos sus habitantes”.

El escrito afirma que, durante la mañana del 9 de marzo, alrededor de 1000 personas se ubicaron en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Las Heras con pancartas, chalecos, pasacalles y elementos de percusión, dirigiéndose hacia el centro de la urbe. Asimismo, otras 50 personas interrumpieron el tránsito en el cruce de las calles Vedia y Julio A. Roca.

También se indica que los manifestantes ejecutaron “actitudes no pacíficas y provocadoras, impidiendo el acceso a la zona del centro de la ciudad, la libre circulación y acceso a los locales comerciales, oficinas públicas, entidades bancarias, recreación, actividades turísticas o las viviendas particulares, paralizando el acceso a zonas neurálgicas”, y se agrega que esto impide “la regularidad y eficiencia de los servicios públicos y vehículos particulares a que circulen por las vías que corresponden”.

La gestión municipal de Resistencia hace más de 60 días que viene presentando más de 25 denuncias con el objetivo de normalizar el caos vehicular, producto de los innumerables cortes. En ese contexto, se le exige a las instituciones judiciales y provinciales que intervengan para garantizar la libre circulación de los vecinos y vecinas.

Los cortes de tránsito afectan a los vecinos y vecinas, entorpecen el trabajo de comerciantes, impiden a los usuarios hacer uso correcto del transporte público, con cambios de paradas y de rutas trazadas, dificultan el acceso a los establecimientos educativos, a la salud, a los trámites y al trabajo de particulares.