Salario universal y aumentos por decreto: los pedidos del kirchnerismo

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La vicepresidenta pidió debatir el proyecto de ley de Juan Grabois para que exista un ingreso universal para 7 millones de trabajadores de la economía popular. Reveló que discutió sobre las herramientas para mejorar los salarios con Héctor Daer, quien está en contra de las mejoras por suma fija.

Con la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, pasaron a un segundo plano dos pedidos novedosos que Cristina Fernández de Kirchner le solicita al equipo económico. En un contexto donde bajar la inflación demandará más tiempo debido a que considera que hay que desarmar un problema estructural al que llama “economía bimonetaria”, la vicepresidenta pidió poner el foco en los ingresos: un salario universal para llegar a la economía popular y aumentos salariales de suma fija por decreto para atender la problemática del trabajador pobre.
Para defender el proyecto, la vicepresidenta aseguró que los recursos tienen que asignarse “más inteligentemente”, dado que hay 7 millones de trabajadores informales en Argentina, que es la cifra que comparten todas las organizaciones sociales. “¿Por qué reciben un ingreso extra 1,3 millones y no los 7 millones? Esa es la pregunta que nadie me puede responder”, aseguró haciendo referencia al millón de beneficiarios que cobra el plan Potenciar Trabajo, hoy en $22.770 mensuales. “Esto termina dividiendo a los pobres con los pobres”, argumentó.El proyecto de ley sobre salario universal, delineado por el frente Patria Grande, fue presentado en mayo pasado en Diputados, con un amplio apoyo de distintas partes de la coalición. Inclusive, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, manifestó en la última semana que “el salario universal merece ser discutido”.La propuesta presentada por el economista Itaí Hagman de un salario básico universal plantea una prestación monetaria equivalente a una canasta básica alimentaria para 7,5 millones de personas, entre las que se encuentran informales, cuentapropistas, desocupados e inactivos. El mayor desafío pasa por el financiamiento, en un contexto de metas fiscales firmadas con el FMI. De todos modos, en el Instituto Patria consideran que lo firmado con el FMI son metas, por lo que hay lugar para la definición de políticas, sobre todo en este contexto internacional.

Según pudo saber este diario, el costo fiscal bruto podría ascender a 1,8% del PBI. Sin embargo, descontados los actuales programas sociales, que quedarían absorbidos por el salario universal, y en conjunto con el retorno fiscal de la política, podría descender a 0,7% del PBI, es decir, por encima de los $300 mil millones anuales.

Cristina Kirchner se refirió a los costos fiscales en su discurso al asegurar que el Potenciar Trabajo representa 0,52% del PBI y llega a 1,3 millones, mientras que la AUH, que llega a 4,3 millones de niños, representa el 0,40%. Organizaciones sociales consultadas por Ámbito aseguraron que sobre el tema debe darse un “debate más profundo”, que trascienda quién tiene que cobrar y a qué monto, y por sobre todo aseguran que “debería estar por encima de las disputas de poder”.

Por otro lado, Cristina Kirchner sumó un pedido novedoso para el nuevo equipo económico: incorporar la herramienta de aumentos salariales de suma fija. De hecho, reveló que fue parte de una discusión con “un compañero dirigente sindical”, en alusión al encuentro con Héctor Daer, titular de la CGT. “Hay un razonamiento de que la suma fija le quita importancia a las paritarias”. Pero por el contrario, opinó: “No hay sindicatos fuertes en un Estado débil, sino cuando hay políticas públicas fuertes”.

De hecho, en el período 2002-2011, la remuneración mediana trepó 115%, explicado sobre todo por “los aumentos del salario mínimo y las subas de suma fija que realizaba el Gobierno por decreto”, según un trabajo sobre salarios que hicieron en el Ministerio de Desarrollo Productivo. En este punto Cristina Kirchner coincide con Martín Guzmán: el ahora exministro consideraba que era una forma para llegar a los ingresos de los “trabajadores pobres” que están por fuera de la protección social, pero desde la CGT se opusieron. Claudio Moroni, ministro de Trabajo, coincide: “Mientras las paritarias consigan aumentos salariales adecuados a cómo viene la inflación, tenemos que dejar que funcionen de manera libre”, había dicho en una entrevista con Ámbito.

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