Se aprobó en Diputados por amplia mayoría el Régimen Penal Juvenil

La primera sesión del año en la Cámara de Diputados tuvo un clima especial: en la vereda del Congreso, pasacalles mostraban rostros de víctimas, mientras que en los balcones del recinto estaban presentes las “Madres del Dolor” y familiares de jóvenes asesinados, entre ellos el padre de Kim Gómez y la madre de Jeremías Monzón. Ese despliegue y convocatoria rodearon la aprobación del proyecto del Régimen Penal Juvenil, con 149 votos a favor y 100 en contra.

La iniciativa del Gobierno busca reemplazar el Régimen de Minoridad decretado en 1980 y propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, lo que representaría el cambio más significativo en legislación penal de la gestión de Javier Milei. La Libertad Avanza consiguió el apoyo de la UCR, el PRO, un porcentaje mayoritario de Provincias Unidas, Innovación Federal y otras bancadas aliadas, mientras que el rechazo estuvo por parte de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Aún falta el tratamiento del Senado de la Nación, que podría llegar el jueves 26 de febrero, en conjunto con la modificación de la ley de Glaciares.

El proyecto sufrió modificaciones de último momento de la votación. Por impulso de la Coalición Cívica, se reformaron los artículos 17, 30 y 34 para que se explicite que los menores de edad no serán privadas de su libertad en el mismo establecimiento que los adultos. A su vez, con un cambio del artículo 43, se quitó la posibilidad de que la querella intervenga en el proceso a prueba, dejándole esa atribución al Ministerio Público Fiscal. Desde el sector peronista que adhiere a la baja de imputabilidad señalan la inconstitucionalidad de la redacción libertaria -a la que se opondrán- y piden reformar el artículo 34 del Código Penal que determina quiénes son los sujetos punibles.

Antes del inicio del debate, finalmente Juan Schiaretti juró como diputado. Por una intervención cardiovascular, el exgobernador no había podido asumir su banca en diciembre. Desde el palco se vio a su esposa, la senadora Alejandra Vigo. Luego, los diputados homenajearon con un minuto de silencio a la exdiputada del PJ, Sandra Mendoza, que falleció el miércoles por la mañana.

Régimen Penal Juvenil: qué dice el proyecto

Según propone su texto, el objetivo del proyecto es “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”. Para ello, propone capacitaciones, recreación y deportes, además de atención médica y de contención por adicciones. Se ofrece también velar “por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas” y se habilitan “instancias de mediación con el adolescente imputado”.

La redacción libertaria establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena. Cuando las condenas establecidas sean de hasta 3 años, se reemplazará la privación de la libertad por otras penalidades, como las amonestaciones; la prohibición del contacto con la víctima, conducción de vehículos, asistencia a determinados establecimientos recreativos y a la salida del país; y la prestación del servicio a la comunidad.

Régimen Penal Juvenil: el debate por el presupuesto

Una de las novedades del dictamen del Gobierno fue la oficialización de una partida presupuestaria para la implementación del proyecto, dispuesto en $23.739.155.303. Más de $20.000 millones se destinan a la Defensoría General de la Nación, para garantizar la legítima defensa de los jóvenes en conflicto con la ley.

También proyecta más de $3.000 millones para el Ministerio de Justicia, encargado de definir los “supervisores”, una figura de autoridad fundamental para la ejecución del proyecto. Deberán tener “formación académica en educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones y trabajo social”. “Se deberá garantizar que la cantidad de adolescentes asignados a cada supervisor permita el adecuado seguimiento y supervisión de cada uno de los adolescentes imputados”, señala y establece que entre sus tareas está “mantener entrevistas semanales con el adolescente y seguir, asistir, supervisar y controlar su evolución durante el proceso y su detención”.

Asimismo, refiere que los alojamientos deberán “hacerse efectivo en dependencias acondicionadas especialmente para ese fin, bajo la dirección de personal idóneo para el trato con aquellos”. Para ello no se propone un financiamiento concreto, sino que se se establece que la Nación y los distritos “podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción”.

“Los gastos corrientes son más significativos que la infraestructura”, compararon desde el radicalismo, que respaldaron el proyecto y están confiados en la capacidad de los gobernadores de conseguir buenos convenios -que serán discrecionales, provincia por provincia- con Nación. Las cifras presentadas en el Gobierno sólo podrían costear el acondicionamiento de centros cerrados pero no su construcción. Los ejemplos recientes son las inversiones para la refacción del Instituto Nazario Benavídez San Juan ($1.019 millones), en contraste con los más de $100.000 millones anunciados para el Cemax de Córdoba, la nueva Unidad de Piñero o el traslado de la cárcel de Devoto a Marcos Paz.

Según los datos del Comité Nacional Para la Prevención de la Tortura (CNPT), existen 100 establecimientos especializados para el Sistema Penal Juvenil en la Argentina. Buenos Aires cuenta con 37 de ellos y Santa Fe con 10: ninguna otra provincia supera los dos dígitos y 17 de ellas tienen tres o menos unidades. Tierra del Fuego no cuenta con ninguna. Dado que el plazo de adecuación del proyecto es de 180 días, la infraestructura se convierte en un punto crítico.