El Gobierno oficializó este miércoles a través del Boletín Oficial el decreto firmado por el presidente Javier Milei, que coloca a Aerolíneas Argentinas S.A. “sujeta a privatización”. La medida, enmarcada en el artículo 9 de la Ley 23.696 de Reforma del Estado, fue anticipada la semana pasada tras los paros que afectaron el servicio de la compañía estatal en septiembre.

El decreto 873/2024, que también lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que “la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, dejar de financiar el déficit de una compañía ineficiente”. Esta declaración resuena con la postura del Gobierno de liberar al Estado de la carga financiera que implica Aerolíneas, una empresa que, según ellos, viene operando bajo parámetros alejados de la lógica de mercado.

Los considerandos del decreto presentan un diagnóstico claro: la dotación de pilotos en Aerolíneas es desproporcionada. Se menciona que la empresa cuenta con 1.107 pilotos para una flota de 81 aeronaves activas, lo que arroja una relación de aproximadamente 14 pilotos por avión, un número elevado en comparación con los estándares globales de la industria.

El argumento económico es contundente. Desde la reestatización de la compañía, el Tesoro Nacional ha debido aportar cerca de 8 mil millones de dólares para cubrir el déficit operativo. Esta cifra es central en la retórica oficial, que busca justificar la privatización en un contexto de limitación fiscal. El comunicado oficial apunta a los índices de pobreza e indigencia –52,9% y 18,1%, respectivamente–, y subraya que el Tesoro Nacional “no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria a través del aporte de cientos de millones de pesos que provienen del esfuerzo de los habitantes”.