El diputado Nicolás Slimel presentó un Proyecto de Ley 1286/2023, que busca declarar la emergencia para el sector de la vigilancia y la seguridad privada en nuestra provincia, el cual viene trabajando en forma conjunta con el delegado regional de UPSRA, Daniel Toledo.
Esta iniciativa se plantea debido a la crisis del sistema de seguridad privada a nivel económico y la falta del sostenimiento del empleo formal en el ámbito de las empresas de Seguridad Privada.
Así mismo busca garantizar la competitividad del sector, igualando las condiciones de las agencias de control que se encuentren habilitadas para la prestación del servicio, priorizando a las de radicación chaqueña y desde luego, asegurando el efectivo cumplimiento de las normas laborales vigentes, en particular el pago de salarios dignos y condiciones de trabajo adecuadas al convenio colectivo que rige la actividad.
Por esta razón, este proyecto es abordado y surge de manera conjunta entre el Sector empresarial de la seguridad privada, representado por las Cámaras Empresariales que nucleen a las Agencias de Seguridad Privada de la provincia del Chaco y con la delegación Regional de la UPSRA (Unión Personal de Seguridad República Argentina), sindicato que tienen la representación dentro del territorio provincial de todos los trabajadores y trabajadores.
Con ambas instituciones, venimos trabajando hace un tiempo a esta parte y convergemos en este texto legal que viene a recoger los principales problemas por los que atraviesa el sector, con el objeto de paliar la situación de empresas que mantienen la regularidad de sus empleados en relación de dependencia y con gran esfuerzo sostener precios competitivos frente a un panorama económico y social que se avizora difícil; y al mismo tiempo, propender a la mejora de las condiciones laborales de los y las trabajadoras del sector.
La declaración de Emergencia Económica del Servicio de Seguridad Privada se dicta dentro del marco de la ley 2011-J -Ley de Seguridad Pública de la Provincia del Chaco-, con la participación de los sectores involucrados en la temática y por supuesto con la intervención del Departamento de Control de Agencias de Seguridad Privada, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia.
Según los datos registrados por dicho departamento, existen un total de 27 empresas prestadoras del servicio de seguridad privada registradas al día de hoy; un total de 13 vigiladores particulares y 9 empresas que se encuentran en trámite de renovación o rehabilitación.
La realidad nos indica que existen más empresas que están trabajando efectivamente, por fuera de esa normativa o entidad de control, a raíz de la coyuntura económica que impide afrontar adecuadamente el servicio en situación de igualdad, razón por la cual se impone decretar esta emergencia y buscar un punto de consenso, de encuentro para superar las dificultades, pensando siempre en primer lugar en el trabajador de seguridad privada y en la empresa que paga el sustento de tantas familias.
Se propone suspender nuevas habilitaciones de empresas por el plazo que dure la emergencia, se exige al Poder Ejecutivo la implementación de un plan readecuar las licitaciones públicas o privadas de modo que garantice cumplir mínimamente con las escalas salariales vigentes del convenio colectivo de trabajo; coordinar una paulatina desafectación de las fuerzas de seguridad pública en la prestación del servicio de seguridad privada; promover beneficios fiscales o ayudas económicas no reintegrables.
Estas medidas urgentes, tendrán un impacto inmediato en el desarrollo de la actividad del sector, pero se exige a los interesados en profundizar las políticas a aplicar para prevenir o afrontar futuras crisis en orden a sostener un sistema competitivo, estable, ecuánime y que garantice los derechos de todos los involucrados.