Solicitan la intervención del Tribunal de Disciplina del PJ por el accionar de Andrea Charole en el debate legislativo por la cláusula gatillo

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El bloque de diputados provinciales del Partido Justicialista presentó formalmente un pedido de intervención y análisis del Tribunal de Disciplina de su partido. Buscan que sea analizada la postura que tomó la diputada provincial, Andrea Charole (afiliada al PJ), en la sesión legislativa anterior en la que cambió sorpresivamente de postura respecto al destino del proyecto que convertía en Ley la Cláusula Gatillo.

En la sesión del 21 de agosto, Charole había respaldado la iniciativa con su firma, al igual que otros 16 legisladores de la oposición. Pero en la discusión en el recinto, cambió su posición de manera “repentina” y adoptó una postura contraria al proyecto.

“Fue el voto de Charole el que permitió archivar el proyecto, que ella firmó y presentó como parte de la oposición”, afirmaron.

Este hecho, según los denunciantes, quedó registrado en las versiones taquigráficas y audiovisuales de la sesión en la que se ve cuando levanta la mano votando junto al oficialismo.

Para los legisladores que firman el pedido de intervención, la conducta de Charole es “especialmente grave” en el actual contexto socioeconómico de la provincia que atenta directamente contra los trabajadores que es la “columna vertebral del peronismo”, y en particular, contra el sector docente.

Consideran que su accionar “mancha la política”, afecta la confianza de la ciudadanía y debilita las instituciones.
Asimismo, el documento entregado al Tribunal de Disciplina señala que este tipo de acciones, que se configuran como “inconducta partidaria, deslealtad o acciones que perjudiquen los intereses del pueblo trabajador”, son consideradas faltas graves según el estatuto del partido. Los legisladores confían en que el Tribunal analizará la situación y aplicará las medidas disciplinarias que correspondan de acuerdo con la Carta Orgánica y los reglamentos internos del Partido Justicialista.

El objetivo de la intervención, según los denunciantes, es esclarecer los hechos y “preservar los valores de lealtad, coherencia y compromiso” que, según ellos, han guiado históricamente al movimiento.

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