Otra protesta recurrente en Buenos Aires es por la Coparticipación Federal. “Aportamos casi el 40% de la Coparticipación y recibimos poco menos del 20%”, aseguró el gobernador en marzo pasado, al inaugurar las sesiones ordinarias en la Legislatura. En abril, la administración provincial realizó dos presentaciones contra Nación ante la Corte Suprema. Una exige la restitución del FONID mientras que la otra reclama por el Fondo Compensador del Interior, dos temas transversales a todos los gobernadores.

Córdoba, escenario del frustrado Pacto de Mayo, no se queda atrás. Aunque el gobernador Martín Llaryora ensaya un vínculo menos beligerante con Javier Milei -incluso compartieron el acto por el 25 de Mayo-, algunas cuestiones desbordan la buena voluntad. En tierras mediterráneas también acusan el golpe por la extinción del FONID -clave en el pago de los salarios docentes- y la reducción de los subsidios al transporte.

Este ítem en particular afecta a grandes urbes como la ciudad de Córdoba. El martes próximo, su alcalde, Daniel Passerini, irá al Congreso junto a sus pares de la Red Federal de Intendentes para exigir la restitución del Fondo Compensador del Interior.

La semana pasada, la administración cordobesa emitió deuda para hacer frente a la obra pública y llenar el vacío dejado por el Estado nacional. Se trata de Títulos Clase 1 y Clase 2, por un monto total de $80.000 millones, con un vencimiento de 36 meses y ajuste de capital por el índice CER. Al recibir ofertas por $221.449 millones, la cartera de Hacienda decidió ampliar la suma inicial y llevarla a los definitivos $120.000 millones. El oficialismo local tiene especial interés en reactivar las obras del programa Argentina Hace y las autopistas de Holmberg y Córdoba – San Francisco, todas congeladas por la Casa Rosada.

Además, la decisión del Gobierno de pisar las partidas destinadas a las cajas previsionales impacta de lleno en los dominios de Llaryora, una de las 13 jurisdicciones afectadas por la medida.

Dentro de la región centro, Santa Fe es otra de las provincias con reclamos en la misma sintonía. La pelea por las caja previsional encabeza la lista de pedidos. “Ese es el monto más grande que adeudan. En 2019 hubo un desacople, donde se pagaba un monto no actualizado. Ahora dejaron de pagar hasta ese monto no actualizado, por lo cual la diferencia retroactiva es un número muy importante”, indicaron desde la administración de Maximiliano Pullaro.

El derrumbe de los subsidios al transporte, en tanto, sacude principalmente a los usuarios rosarinos.

En tierras santafesinas se replica la insistencia para que Nación transfiera obras paralizadas, con especial énfasis en las rutas. Sucede que, al integrar el corazón agropecuario del país y contar con los principales puertos sobre el río Paraná, el tráfico pesado es un actor constante en la vida de la provincia.

Como ejemplo de ello, en la gestión cambiemita destacan que debieron hacerse cargo de la cascada del arroyo Saladillo. “Puede que no fuera primordial, pero, al no hacer esa obra de defensa, estaba en peligro un puente de una ruta provincial. No se podía dejar que se cayera el puente por negligencia de Nación”, denunciaron.

Siguiendo la ruta del litoral, Corrientes sostiene sus reclamos por las regalías de Yacyretá. La administración de Gustavo Valdés mantiene una demanda ante la Corte Suprema por $30 mil millones, más intereses y actualizaciones. Desde la provincia recuerdan que el tema -abordado por el gobernador durante la apertura de sesiones ordinarias- continúa siendo prioritario. Las “obras inconclusas de Nación”, por otro lado, inquietan a la gestión radical.

Las exigencias del norte y la preocupación por las rutas

Los gobernadores del norte preparan sus listados de pedidos para presentar a Guillermo Francos. No se debe a que el nuevo Jefe de Gabinete de Ministros los desconozca, al contrario, cada vez que se sentó con los jefes provinciales, en conjunto o por separado, tuvo que escuchar sus extensas letanías sobre los efectos en las provincias del corte abrupto de los fondos nacionales -desde diciembre de 2023- mientras les pedía que medien ante diputados y senadores nacionales para que apoyen la Ley Bases.

“Desde diciembre sabe en qué lugar está parado cada gobernador, el gran problema que tuvo es que asumía compromisos de gestión que después no podía cumplir”, sostuvo a Ámbito un funcionario provincial del entorno del mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela. Señaló que ahora que está al frente de un área que es capaz de asignar partidas, Francos podría otorgar auxilios concretos, sin mediaciones. “El gobernador tiene buen diálogo con él, esperemos que eso alcance”, cerró.

En La Rioja, Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero y Chaco, la parálisis de obras públicas financiadas por la Nación es casi total y así lo describió, en relación a su provincia, hace unos días el ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos chaqueño, Hugo Domínguez: “Nos encontramos con obras paradas que tienen entre un 20% y 50% de avance que queremos terminarlas cuanto antes, porque una obra por la mitad es costoso reactivar después de un tiempo, hay que armar de vuelta”.

Este escenario se repite en cada distrito, con su contraparte en el crecimiento de trabajadores de la construcción desocupados. En La Rioja suman 9.000, en Salta esa cifra ronda los 8.000, mientras que en Chaco el número creció a 10.000, desde diciembre, según el gremio del sector, la UOCRA. Las obras son de diversas características, van desde hospitales inconclusos, como en La Rioja y Chaco, hasta la edificación de un nuevo complejo penitenciario en Tucumán, que avanza con lentitud, más escuelas, viviendas y programas de mejoramientos en los barrios populares.

Otro ítem de gran relevancia y que se mete en las paritarias con la docencia, como las que se desarrollan en Jujuy y Salta en estos días, es el recorte del FONID) Aunque se trata de una partida que tiene distinta incidencia en cada provincia, implica un pérdida nominal en los haberes docentes que van de un 9% a un 20%, según datos oficiales. Algunos distritos lo están cubriendo, mientras los jefes provinciales persisten en el reclamo de pago, pero en otros no, como en Salta.

A este escenario en educación se le suman la motosierra al pago de Conectividad -que también iba al salario de los maestros- y partidas para los refuerzos alimentarios en las escuelas.

Hace un mes, Salta recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el FONID, por considerar que “la Nación no cumple con su responsabilidad de contribuir al salario docente”, de acuerdo a la presentación realizada por la ministra de Educación Cristina Fiore. Reprochó, además, que tampoco garantiza que la educación sea un bien público, una prioridad y una política de Estado. Una situación que también genera ruido en las provincias desde desde febrero, cuando el Ministro de Economía de la Nación, Nicolás Caputo, lo anunció en una conferencia, fue el fin del Fondo Compensador del Interior -que en 2023 implicó $102.000 millones-, esto es, ni un peso desde la Nación para subsidiar el transporte público.

Desde entonces, las administraciones tuvieron que cubrir ese bache pero eso también se trasladó al valor de los boletos mínimos. Según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA), “como consecuencia de recorte se produjo un aumento generalizado de las tarifas de transporte público en el interior del país.

Mientras que la tarifa media del interior se ubicaba en torno a los $252 en enero de 2024, para abril ya alcanza los $607, lo que implica una variación acumulada del 141%”. Las fricciones por este tema se revitalizaron en los últimos días, con la inmediata reacción pública del riojano Jalil; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Gustavo Sáenz, de Salta, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, cuando se supo que la Secretaría de Transporte de la Nación autorizó el aumento de hasta un 50% de los fondos compensatorios destinados al transporte de pasajeros del AMBA, el único distrito del país a la que se le mantienen los subsidios o compensaciones.

En el largo rosario de reclamos, no menos importante es el reclamo de los gobernadores para que la Nación active cuanto antes un plan de mantenimiento de las rutas nacionales y se giren fondos para que se haga lo mismo con las provinciales.

Hasta el momento, no hubo respuestas y frente a ello, los mandatarios de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, propusieron al gobierno de Javier Milei que les transfieran las rutas nacionales (22, 151, 231 y 242) a cambio del cobro de peajes debido al “estado de abandono”. Ignacio Torres, de Chubut, ya lo había gestionado con la RN 3, sin respuestas, y hace unos días exigió el mantenimiento de la RN 40. Desde Santa Fe, Maximiliano Pullaro diseña su propia estrategia para tomar las riendas de las rutas nacionales que hay en su provincia.

Mientras, en Salta, el juez Federal Gustavo Montoya ordenó a Vialidad Nacional tomar medidas inmediatas para reparar la deteriorada RN 50, que conecta las ciudades de Orán y Pichanal. El fallo establece que Vialidad tiene 60 días corridos para el relleno de pozos, la corrección de protuberancias y el sellado de grietas consideradas peligrosas para el tránsito. Además, se ordena la puesta en funcionamiento de la luminaria existente en puntos estratégicos de la ruta. La decisión de Montoya es como respuesta a una cautelar presentada por la Defensoría Federal.

Reclamos patagónicos: hidrocarburos, tarifas y obra pública

En tierras patagónicas, las principales inquietudes giran en torno a energía, hidrocarburos y tarifas. La Pampa, por caso, le reclama a Nación $39 mil millones por convenios de obra pública, déficit previsional de cajas no transferidas, FONID, subsidios al transporte, fondos para salud y educación establecidos por convenios y Aportes del Tesoro Nacional (ATN). “Y no son todos los ítems”, aclaran desde la administración de Sergio Ziliotto.

De hecho, la provincia llevó una demanda ante la Corte Suprema por la falta de distribución de los ATN, en la que denuncia que “el Estado Nacional se ha apropiado en forma indebida de fondos que no le pertenecen, omitiendo concretar la distribución que la ley de Coparticipación lo obliga a realizar según principios constitucionales”. “El Gobierno nacional sólo ha transferido $10.300 millones en pocas provincias, lo que configura una suma ínfima con relación al total no distribuido”, advirtieron.

Siguiendo la senda judicial, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentó un amparo colectivo buscando retrotraer los precios en la tarifa del gas, que en algunos casos fueron de hasta el 800%. La iniciativa fue del gobernador Gustavo Melella y contó con amplio apoyo del arco político austral.

En respuesta, este martes la Justicia Federal de Río Grande dictó una medida cautelar parcial que ordenó suspender los cortes del servicio a aquellos usuarios que no pudieron pagar las facturas. Chubut, por su parte, ultima los detalles de dos demandas propias: una, por la quita de subsidios al transporte, y la otra, por los aumentos en el precio del gas.

Ese camino la había abierto Santa Cruz. A mediados del mes, la administración de Claudio Vidal presentó una demanda colectiva ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia. “Es un reclamo que ha llevado adelante el gobernador. Él ha ido a Nación a plantear esta situación y, al no tener una respuesta clara de parte de los funcionarios, se optó, a través del fiscal de Estado, por hacer esta presentación de este amparo”, aseguró Marcelo de la Torre, titular de Distrigas.

Vidal tiene varios frentes abiertos con el oficialismo. Por un lado, exige que se quite a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) de la lista de empresas sujetas a privatización. En segundo lugar, le reclama al Gobierno la firma de la Adenda XII para destrabar el financiamiento chino de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. La parálisis de ambos proyectos llevó a la cesantía de más de 2.000 trabajadores.

Por otra parte, el gobernador pretende que YPF se desprenda de las áreas maduras de explotación de petróleo que la firma estatal considera “improductivas”. “Queremos que la retirada de YPF nos permita generar un esquema de competencia y de aumento de la producción con varios empresarios que operen esos yacimientos“, explicó el jefe provincial tiempo atrás.Ese tema todavía es motivo de rispideces con la petrolera.