Los trabajadores del Hospital Garrahan y docentes de las universidades públicas realizarán este miércoles por la tarde una movilización desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, en protesta por los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario. Además, la medida se concretará el mismo día en que la Cámara de Diputados tratará las normas anuladas por el Ejecutivo, tal como habían acordado en un encuentro previo.

Por ese motivo hubo una reunión a la que asistieron las máximas autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el presidente Oscar Alpa y el vicepresidente Franco Bartolacci, quienes dialogaron con los profesionales del Garrahan sobre la tercera Marcha Federal Universitaria. Durante el encuentro, también estuvieron presentes el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, y el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho, quienes detallaron la situación presupuestaria actual y las medidas que consideran necesarias para el futuro.

Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT), su secretaria general, Norma Lezana, afirmó a la agencia Noticias Argentinas que Milei “abrió una caja de Pandora” al vetar las leyes. Además, agregó: “El pueblo ya lo vetó en las urnas y ahora, con estos atropellos autoritarios contra la salud y la universidad pública, lo único que hace es volver a provocar una reacción. El Presidente es enemigo de las infancias, de la salud pública y de la universidad”.

Los vetos presidenciales marcaron un nuevo capítulo de conflicto entre el Gobierno y los trabajadores de la salud y la educación pública, en un escenario de recortes presupuestarios que afectan a ambos sectores. A causa de ello, miles de personas se movilizaron, alzando banderas y pancartas con mensajes como “El hospi no se toca” y “Abajo los vetos”.

Ambas leyes buscaban atender sectores clave del sistema público: la de Emergencia Pediátrica fortalecía los recursos hospitalarios y recomponía los ingresos del personal de salud infantil, mientras que la de Financiamiento Universitario actualizaba por inflación los fondos para las universidades nacionales y ordenaba la reapertura de las paritarias del sector.

De acuerdo con el Ejecutivo, estas medidas incrementarían de manera desproporcionada el gasto público y afectarían la estabilidad macroeconómica, con perjuicios para los sectores más vulnerables. Así el texto oficial, anuncia que una expansión del gasto sin respaldo real “derivaría en un costo al conjunto de la sociedad, en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de salarios”.