El Gobierno Nacional difundió el texto del nuevo proyecto de Ley de Bases. Con menos capítulos y artículos, intentará que esta vez el Parlamento lo apruebe para avanzar con reformas políticas de fondo, como preámbulo del Pacto de Mayo.

Gobernadores y diputados de los llamados bloques dialoguistas recibieron por estas horas la versión final de la Ley de Bases así como el proyecto de ley fiscal, con la perspectiva de que sean tratados en el recinto la semana que viene.

El nuevo borrador cuenta con 279 artículos más los anexos que detallan las empresas sujetas al plan de privatización. Se trata de un texto mucho más técnico que el primero y será presentado en la comisión de Diputados como el nuevo dictamen de Ley de Bases original, que todavía tiene estado parlamentario.

Declaración de emergencias y facultades delegadas al Ejecutivo

En el primer artículo, el proyecto declara la “emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año”.

“Deléganse en el Poder Ejecutivo nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases aquí establecidas y por el plazo dispuesto en el párrafo precedente”, sigue el artículo primero, antes de pasar a la sección de “Reforma del Estado”.

“El Poder Ejecutivo nacional informará mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos”, indica el texto.

Este punto designa uno de los principales cambios en relación a la Ley de Bases original, ya que se redujeron las emergencias y tampoco hay posibilidad de prórrogas.

La segunda versión también faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos, en los casos en los que no fuera posible hacerlo conforme los procedimientos establecidos en sus normas de creación”.

Para continuar con el plan de recortes, el proyecto encomienda al PEN “a llevar adelante las privatizaciones” de las empresas públicas, mientras vuelve a plantear la disminución de la planta de empleados públicos.

“El personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses”, señala el texto.

La reforma laboral que plantea esta versión de la Ley de Bases es menos ambiciosa que la anterior, incluye cuestiones vinculadas al blanqueo y moratoria para aquellas empresas que regularicen la situación laboral de sus trabajadores.

A su vez, promueve extinciones penales, condonación de deuda y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.

Otro de los puntos de la ley habla del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) y permite que sea invertido “de acuerdo con criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, respetando los lineamientos fijados por esta ley y las normas reglamentarias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley No. 26.425”.

Los 279 artículos se componen en su mayoría con capítulos referidos a la desregulación económica, el nuevo Tribunal de Defensa de la Competencia y la Agencia de Mercados y Competencia.

Además, otro tramo importante se lo llevan las modificaciones a la ley de Hidrocarburos y cuestiones referidas al gas, como la autorización de “las importaciones de gas natural sin necesidad de aprobación previa”.

En el capítulo 206, se crea “el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad el que, una vez constituido, reemplazará y asumirá las funciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), creado por el artículo 54 de la Ley N° 24.065, y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), creado por el artículo 50 de la Ley N° 24.076”.

A nivel previsional, se elimina la última moratoria jubilatoria para quienes debieran aportes.