Una auditoría del Ministerio de Capital Humano reveló una preocupante situación relacionada con la asistencia alimentaria proporcionada por el gobierno anterior. Según una reciente investigación, cerca del 50% de los comedores y merenderos populares que recibían apoyo estatal eran “inexistentes”, y en uno de ellos incluso funcionaba en cambio un barrio privado.

Bajo la dirección de Sandra Pettovello, la investigación ministerial reveló que de más de 2.600 establecimientos, la mitad presentaron irregularidades y no pudieron ser validados como comedores y merenderos, lo que evidenció un “descontrol” del estado nacional respecto al flujo de alimentos, según indicaron en el informe. A esto sumaron las denuncias por prácticas extorsivas y una serie de allanamientos dispuestos por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal.

El relevamiento se dio en el marco de la política “de transparencia y anticorrupción” del gobierno de Javier Milei y los recortes a los programas sociales, incluida la asistencia alimentaria, que desde que asumió redujo de manera drástica en línea con su plan de “motosierra y licuadora”. En este caso alude a aquellos implementados por Alberto Fernández durante la pandemia del Covid 19 para hacer frente a la crisis, una iniciativa conocida como “Argentina contra el hambre”.

Detalles de la auditoría
El Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM) fue el organismo encargado de la auditoría, realizada entre el 7 de febrero y el 26 de abril. Según el informe al que accedió Infobae, se relevaron 2646 establecimientos, de los que 1247 (52,3%) no pudieron ser validados como comedores o merenderos.

En paralelo, el restante 47.7% no pudo ser evaluado adecuadamente debido a varias razones, entre ellas que los comedores ya no estaban en funcionamiento (32%), discrepancias entre los datos de preinscripción y la realidad (25%), y direcciones declaradas que nunca albergaron un comedor (casi el 16%)

Este escenario alarmante está vinculado estrechamente con investigaciones previas que ya habían arrojado luz sobre el flujo irregular de alimentos. Se descubrió que grandes cantidades de productos alimenticios, principalmente alimentos secos, eran retirados de los depósitos del antiguo Ministerio de Desarrollo -Social y luego transportados en camiones facilitados por el organismo gubernamental.

Sin embargo, en lugar de llegar a los comedores y merenderos necesitados, estos alimentos terminaban presuntamente almacenados en galpones pertenecientes a organizaciones sociales, muchas de las cuales estaban asociadas con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que nuclea a los trabajadores informales, y otros movimientos sociales, según indicaron desde Capital Humano.

Comedores y merenderos “inexistentes”
Un hecho particularmente alarmante es la falta de existencia real de varios de estos comedores. Por primera vez, la Subsecretaría Legal de Capital Humano, dirigida por Leila Daniela Gianni, proporcionó una lista con nombres específicos de comedores “inexistentes”.

Algunos ejemplos mencionados en la denuncia incluyen “Conquistando Sonrisas”, “Pequeños Gigantes de Quilmes”, “Cielos Abiertos”, “Luz de Luna de Pereyra”, “Esperanza”, “Los Peques de San Alberto” y “Luz y Esperanza”. Según el informe, se corroboró que ninguno de estos lugares estaba operativo, y en muchos casos, ni siquiera existían las direcciones declaradas como supuestos comedores.

Uno de los casos más notorios es el del supuesto comedor “Gauchito Gil”, que al ser investigado se determinó que “en su lugar en realidad hay un barrio privado”. Situaciones similares se encontraron en otros comedores como “Sol de Barrio”, cuya dirección no pudo ser verificada y los vecinos niegan haber visto operar un comedor allí.

El escrito legal, que consta de 14 fojas, resalta además que estas irregularidades ocurrieron durante la gestión de los programas sociales “Argentina contra el hambre”, lanzados durante la pandemia del covid 19. Este programa, diseñado para garantizar la seguridad alimentaria de los sectores más necesitados, recibió una gran atención pública y se anunció como una medida crucial para enfrentar la crisis. Sin embargo, las revelaciones actuales plantean serias dudas sobre la efectividad y la integridad de su implementación.

Además, se hace hincapié en la falta de control sobre los comedores registrados en el RENACOM, creado en julio de 2020. A pesar de las promesas de mejora en la supervisión, la denuncia destaca que el Estado Nacional no realizó los controles necesarios sobre estos comedores y merenderos.

Falta de control
La denuncia presentada por la ministra Pettovello abarca cargos por “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “fraude contra la Administración Pública” y apunta contra la gestión de Alberto Fernández por presuntamente no haber promovido los controles adecuados de los programas sociales, en línea con la legislación vigente.

“Sin lugar a dudas el estado nacional debería haber controlado de forma eficiente lo que ocurrió en dichos comedores”, indica el informe. “La falta de control sobre los miles de millones de pesos (…) no puede ser ‘rifada’ sin control so pena de permitir que se cometa uno de los peores de los pecados: que la comida no llegue a los que más las necesitan y que el Estado Nacional se convierta en un proveedor de alimentos para terceros espurios e inescrupulosos”, agrega.

Esto se basa en el hecho de que, según la legislación vigente, los funcionarios encargados de autorizar la distribución de alimentos a los sectores más vulnerables debían supervisar detenidamente el destino de estos alimentos, así como identificar a los responsables de los establecimientos receptores y cuantificar el número de personas beneficiadas. Sin embargo, estas responsabilidades no se llevaron a cabo de manera adecuada.

La denuncia del megaministerio a cargo de Pettovello plantea una cuestión fundamental sobre la necesidad de control sobre los fondos estatales destinados a garantizar la alimentación de la población bajo la línea de pobreza e indigencia. Este hecho podría constituir un grave acto de negligencia, e incluso fraude, por parte de los funcionarios encargados de administrar estos recursos.

Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que esta denuncia se presenta como parte de una política activa anticorrupción y de transparencia. Se han llevado a cabo auditorías exhaustivas desde diciembre de 2023, y se espera que esta acción legal contribuya a esclarecer los hechos y garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones.

Perfil