El Ministerio de Capital Humano lanzó un duro comunicado donde se marcó la postura del Gobierno y remarcaron: “La marcha es política”.

“Este conflicto universitario responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo, porque los reclamos educativos están todos atendidos y resueltos”, indicaron en el texto emitido desde la cartera a cargo de Sandra Pettovello bajo el título “Estamos a favor de la educación universitaria”.

En el documento de cuatro carillas, el cual incluye las políticas de educación, la cartera indicó que “es urgente priorizar la educación por encima de las confrontaciones políticas” y señaló que el Gobierno “está al día y paga para que los profesores estén en las aulas, garantizando que los estudiantes no sigan siendo víctimas de esta situación injustificada”.

“El Ministerio de Capital Humano informa que nunca se desfinanció la educación universitaria pública”, resaltó el texto y aclaró: “El compromiso del Gobierno con la universidad pública se ha mantenido firme; simplemente se exigió claridad en la gestión de los recursos que se transfirieron”.

Sin hacer mención al posible veto presidencial ante la ley aprobada en el Congreso, el comunicado detalló que “desde el ministerio, se han asignado más de 192 mil millones de pesos, cumpliendo con lo acordado para aumentos en gastos de funcionamiento (un incremento del 270%)”.

“Se han asignado partidas para el funcionamiento de hospitales universitarios y aumentos salariales por encima de las pautas del Estado nacional. La propuesta que se presentará a los gremios el lunes alinea las remuneraciones del sistema universitario con el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Todo lo solicitado fue concedido”, agregaron.

En esta misma línea, desde el ministerio indicaron que “los docentes de dedicación exclusiva perciben cerca de $1,4 millones mensuales”, mientras que “los no docentes con antigüedad cobran alrededor de $1 millón”. “Ambos salarios muy por encima de la Canasta Básica Total (CBT) de $300.000 para un adulto equivalente”, remarcaron.

“Esto significa que no existe pobreza entre estos sectores”, sostuvieron y detallaron: “Los que perciben salarios más bajos son los docentes de dedicación simple, que dan clase solo una vez por semana, y algunos no docentes de categorías iniciales. Los datos están disponibles y deben ser presentados con transparencia para esclarecer esta situación”.

Desde la cartera a cargo de Pettovello rechazaron “que las recientes manifestaciones y paros respondan a una verdadera necesidad de financiamiento educativo” y expresaron: “La marcha es política y no refleja un desfinanciamiento de la universidad ni un perjuicio hacia los estudiantes”.

“Se ha transferido todo en tiempo récord, priorizando siempre la mejora del sistema educativo. Es fundamental que la ciudadanía entienda que los paros responden a decisiones políticas y no a un genuino déficit de recursos. La educación de miles de estudiantes se ve interrumpida por esta decisión política, sin motivos justificados. El único motivo de esta marcha al Congreso es político”, concluyeron.

En otro apartado del texto, desde el ministerio aclararon que “las universidades públicas han decidido rechazar una propuesta de aumento salarial adicional del 6,8%” para octubre, equivalente a $17 mil millones mensuales y $56 mil millones acumulados hasta fin de año, lo que “impacta directamente en el sistema educativo”.

Posteriormente, enumeraron una serie de motivos por los cuales se convocó a una marcha universitaria para este miércoles 2 de octubre. En principio, reiteraron el rechazo al aumento ofrecido y señalaron una “administración ineficiente de los fondos”, indicando que “recibieron 192 mil millones de pesos para gastos de funcionamiento” y que “aún así, los fondos han sido desviados hacia gastos no prioritarios”.

Desde la cartera de Capital Humano también reclamaron que las universidades “no se dejan auditar” y aseguraron que “no han rendido cuentas de manera adecuada”. Luego apuntaron al “costo de los estudiantes extranjeros”, señalando que “genera una carga adicional para el sistema universitario público”.

Otro punto mencionado desde el Gobierno fueron las “irregularidades académicas”, alegando que del 38,4% de los estudiantes “no hay información clara sobre su actividad académica”, la “equidad en el sistema educativo”, alegando que las universidades públicas “reflejan profundas disparidades sociales”, y, para cerrar, destacaron las “transferencias rápidas y eficaces”, asegurando que esto “garantiza un funcionamiento fluido del sistema educativo”.