El gobierno de Javier Milei imputó a varias prepagas de supuesta cartelización y apuntó contra la entidad que las agrupa así como a su ex presidente, Claudio Fernando Belocopitt.

A través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), la administración libertaria imputó a Galeno Argentina S.A., Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical S.A., Omint S.A. de Servicios, OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios, así como a la Unión Argentina de Salud (UAS).

“La apertura de la investigación, que se encuentra en curso, se realizó a partir de una denuncia ante la CNDC por cartelización en los términos del artículo 2°, inciso a), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC), en virtud del aumento coordinado de los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales de las empresas detalladas, entre los meses de diciembre de 2023 y abril de 2024”, explicaron desde la la Secretaría de Industria y Comercio.

En abril, la cartera que opera bajo la órbita del Ministerio de Economía había impulsado una medida cautelar que obligó a las compañías del rubro a retrotraer los precios de los planes de salud a los valores vigentes en diciembre de 2023. A la vez, les prohibieron a las firmas el intercambio de datos vinculados con precios, servicios, costos e información comercial.

Cabe destacar que a partir de julio, las prepagas pudieron incrementar los precios de forma libre y sin tener que seguir la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). A comienzos de cada mes del segundo semestre, los afiliados enfrentaron actualizaciones de las cuotas superiores a la inflación.

En cuando a la imputación contra las siete compañías, la UAS y el propio Belocopitt, tendrán 20 días hábiles a partir de la notificación para presentar su defensa y aportar pruebas que desmientan las acusaciones realizadas por parte del Gobierno.

“La CNDC fijará un plazo, que no podrá ser mayor a 90 días hábiles ―y que de considerar necesario podrá prorrogar por hasta 90 días hábiles más― para que se produzca la prueba concedida. Concluido este periodo, las partes imputadas contarán con seis días hábiles para presentar sus alegatos”, indicaron desde Industria y Comercio.

En el supuesto de que las pruebas aportadas sean suficientes, la comisión archivaría el caso contra el conjunto de las prepagas en la mira. De lo contrario, ambos organismos estatales podrían imponer multas de hasta el 30% de la facturación anual de los prestadores o el doble de los “beneficios ilegales”.

Los acuerdos entre competidores o las prácticas concertadas, conocidas como cárteles, reflejan una grave violación a la legislación de competencia en Argentina y pueden resultar en sanciones de hasta el 30% de lo que facturan los infractores.

En tal sentido, el artículo 2 de la LDC clasifica los cárteles de núcleo duro como prácticas estrictamente prohibidas, en las que dos o más competidores acuerdan fijar precios, limitar la oferta, repartir el mercado o coordinar estrategias en licitaciones, concursos o subastas.