El Juzgado Federal Nº2 de Catamarca hizo lugar a una acción de amparo colectivo promovida por asociaciones de personas con discapacidad, titulares de pensiones no contributivas y el Defensor del Pueblo provincial, y ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer todas las pensiones suspendidas sin acto administrativo previo. La medida se extiende a todo el país, según explicaron fuentes judiciales.
ANDIS sostuvo que actuó en ejercicio de las facultades otorgadas por los decretos 698/2017 y 843/2024, que las auditorías fueron correctamente notificadas y que las suspensiones se fundaron en la falta de acreditación de los requisitos médicos.
Por su parte, el Tribunal advirtió que la propia demandada no acreditó la existencia de actos administrativos individuales que dispusieran las bajas, lo que configuró una vía de hecho administrativa: un obrar material carente de sustento jurídico que produjo la interrupción de prestaciones esenciales para un colectivo especialmente vulnerable.
En cuanto al cuestionamiento de constitucionalidad del Decreto 843/24 —que había reinstalado criterios restrictivos para el acceso a las pensiones— el juez entendió que la reciente sanción de la Ley 27.793, que reformó integralmente el régimen y derogó en los hechos las exigencias impugnadas, tornó abstracto ese planteo.
Finalmente, el Tribunal ordenó a ANDIS restablecer de inmediato todas las pensiones suspendidas o retenidas con fundamento en el decreto cuestionado y sin acto administrativo previo, disponer el pago de los haberes adeudados en el plazo de 24 horas, y tener por cumplida esa obligación respecto de quienes ya los hubieran percibido en virtud de la cautelar vigente.