Cibercrimen secuestró 3 celulares de menores por amenazas de tiroteos

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El trabajo fue realizado hoy por la mañana por el Departamento Cibercrimen en el marco de una investigación por intimidación pública. La premisa es clara: “no es broma, es un delito”.

El personal especializado llevó adelante una investigación integral tras detectarse publicaciones y mensajes amenazantes con posibles tiroteos dirigidos a distintos establecimientos educativos de Resistencia y zona portuaria, difundidos a través de redes sociales como Instagram, WhatsApp y TikTok.

Las tareas incluyeron el análisis de fuentes abiertas, oficios judiciales y trabajo de campo, asi lograron establecer la vinculación de distintos perfiles con menores de edad.

En el caso de la E.E.S. N° 152 de Barranqueras, se identificó un perfil de Instagram con contenido amenazante vinculado a una menor de 14 años. Tras intervención judicial y de la Línea 102, se notificó a los progenitores y se procedió al secuestro de un teléfono celular marca Motorola, modelo Moto E13.

En otro procedimiento relacionado con la E.E.S. N° 75 “Julio Cortázar” de Resistencia, se estableció la vinculación de dos perfiles de Instagram con otra menor de edad. En este caso también se notificó a los responsables parentales y se dio intervención a la Línea 102, procediéndose al secuestro de dos teléfonos celulares, uno marca ZTE y otro Motorola Moto G15.

Finalmente, en una tercera línea investigativa, se determinó la vinculación de un perfil adicional de Instagram con otro menor de 13 años, por lo que se notificó a los padres, se dio intervención a la Línea 102 y se secuestró un teléfono celular marca Samsung A14.

En todos los casos, los dispositivos quedaron resguardados bajo cadena de custodia y a disposición de la magistratura interviniente para su análisis técnico, mientras continúa la investigación por supuesta intimidación pública.

El mensaje es contundente y claro: “no es broma, es un delito” y ante ello se tomaran las medidas correspondientes con los presuntos autores de estos graves hechos que ponen en vilo a la comunidad educativa y en el caso de que, quienes llevan a cabo estos actos sean menores, las consecuencias judiciales la verán reflejadas sus progenitores y tutores.

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