Cristina Kirchner anunció este miércoles que presentó una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para cuestionar la condena por la causa Vialidad que la inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargos públicos. La exmandataria difundió una columna de opinión publicada en forma simultánea por medios internacionales, entre ellos El País de España, Libération de Francia y Folha de S. Paulo de Brasil, en la que defendió su inocencia y denunció una persecución judicial.

La expresidenta, que cumple arresto domiciliario en Buenos Aires tras ser condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, sostuvo que su caso representa un ejemplo de “proscripción” política y advirtió sobre el papel del Poder Judicial en las democracias.

“Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido“, afirmó al inicio de su artículo.

Kirchner calificó su inhabilitación perpetua como “una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo” y aseguró que, aunque las instituciones continúan funcionando formalmente, “el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede o no participar en la disputa política”.

La publicación de la columna coincidió con una conferencia de prensa en la que su equipo de defensa formalizará la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Según los abogados de la exmandataria, el proceso judicial vulneró garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado ratificado por la Argentina.

“No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento”, sostuvo la exjefa de Estado.

En el texto también afirmó que el proceso estuvo “marcado por arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal” y por “un ambiente de hostilidad que también expresa el machismo estructural todavía presente en sectores del sistema de justicia argentino“.

La expresidenta amplió ese planteo al sostener que el caso excede su situación personal y afecta el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes. “No se trata solamente de la persecución contra la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina. Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos”, expresó.

La estrategia internacional de la defensa incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, integrante del equipo legal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y al exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Javier Borrego.

En otro tramo de la columna, la expresidenta aseguró que no busca “privilegios ni excepciones”, sino “un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales” asumidas por el propio Estado argentino.