La actividad, organizada por el Centro de Estudios Judiciales – por iniciativa de Inspectoría de Justicia de Paz y Faltas-, fue inaugurada por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rolando Toledo. El encuentro concitó la asistencia de más de 300 integrantes de juzgados de Paz y Faltas de toda la provincia, entre ellos Omar Amad, secretario de Superintendencia, Nelson Mussín, inspector de Justicia de Paz y Faltas, María Elena Pacce presidenta de la Entidad de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Paz y Faltas, además de los capacitadores del curso que continuará los próximos viernes, entre ellos Sandra Kuck, Claudia Araujo, Diego Saquer y Luciana Sampietro.
El protagonismo de la Justicia de Paz y Faltas
Toledo inició el curso con un pormenorizado detalle de la historia, las bases y procedimientos de la justicia de Paz y Faltas, adelantó su interés en que este sector del Poder Judicial se capacite como el resto y presentó el plan general previsto para el desarrollo de la actividad procesal y digital de la Justicia de Paz y Faltas.
Planteó el interés central del Poder Judicial en cuanto a los avances tecnológicos y su aplicación práctica en todos sus fueros y en la justicia de paz y faltas aún con las dificultades que imponen tanto el contexto de pandemia como la escasez de recursos económicos.
Reseñó lo que, en lo referente a la justicia de paz y faltas, establece la Constitución provincial en lo relativo a la integración y competencias de esas dependencias, y destacó que “la esencia de la justicia de paz y faltas es el proceso sumarísimo (pronto y con la celeridad posible) en el proceso”. También aludió al concepto de “amigables componedores” y a la oralidad, como “un principio cardinal”. Al respecto, enfatizó: “Siempre digo que una justicia de paz y faltas escrita se desnaturaliza”.
Hizo mención de lo que establece la constitución respecto de la capacitación y afirmó: “estamos cumpliendo ahora con eso”, y trajo a colación la importancia fundante de la justicia de paz y faltas en tiempos en que el Chaco era territorio nacional. “El juez de paz del territorio nacional era la figura de gobierno y política más importante. Porque no había intendente ni administradores de los territorios comunales, él era la autoridad superior”, aseguró. Luego habló de las actualizaciones legislativas en torno al tema y lo integró con la centralidad de la actual normativa vinculada a la digitalización, la despapelización y la oralidad sancionada recientemente y ya aplicándose en distintos fueros de Resistencia. “Son normas que tienden a abreviar, a hacer más sencillo y a evitar que la actividad en esa clase de juzgados se entorpezca, se haga difícil, controvertida y en eso tienen los jueces toda la capacidad de implementar”, afirmó Toledo, quien apuntó además que las simplificación de trámites “es prácticamente la columna vertebral de la celeridad y la inmediación que tiene que tener la justicia de paz”.
Justicia de Paz y Faltas y tecnología
Toledo informó que el Poder Judicial realizó una sustantiva inversión en equipos de tecnología informática: computadoras, impresoras, escáneres, cámaras digitales, tendido de fibra óptica, celulares, etc. “La intención primordial es que la justicia de paz y faltas tenga el mismo nivel de atención tecnológica y servicio avanzado en lo electrónico y digital que la justicia letrada”, aseguró.
Explicó las gestiones que se realiza para ampliar los recursos en tal sentido y se refirió a los sistemas que integran la columna vertebral de la digitalización en la justicia. Retomó lo que dice la ley de expediente electrónico: “la regla general es que la totalidad de los actos procesales tiene que ser documentados en versión digital”.
Destacó el acompañamiento brindado por el consejo y colegios de abogados en cuanto al apoyo a la citada ley y reflexionó que “esto hizo que todo sea más fácil y consensuado en el ámbito general de la comunidad forense”.
“Esta política actual del STJ – de lo electrónico y digital- es la que tiene que atender y dar respuesta continua al servicio, contribuirá al objetivo de asegurar la tutela judicial efectiva, y continuar en el futuro con la digitalización, con los beneficios que conlleva”, aseveró el titular del STJ, al tiempo que agregó: “Los principios generales de la ley son legalidad y adaptabilidad de las formas procesales, y la simplificación del trámite. Porque esta legalidad y adaptabilidad a las normas procesales implica que todo lo digital que ayude a las metas del proceso -que es impartir justicia de acuerdo a lo que corresponde- van a poder usarlo alegando la adaptabilidad y flexibilidad de los códigos procesales”.
Por último se refirió al trabajo del Poder Judicial –y lo ilustró con gráficos y estadísticas- a lo largo del 2020 en contexto de pandemia, sin dejar de satisfacer las necesidades de la comunidad.
Al concluir anunció que continuarán estas capacitaciones y el plenario que se realiza anualmente. “Vamos a ver si podemos concretar el código de faltas y ver la posibilidad de que tenga tratamiento parlamentario”, finalizó.
