El proyecto busca incentivar inversiones superiores a USD 1.000 millones en industrias y tecnologías de frontera, como fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, inteligencia artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio. La iniciativa tendrá una vigencia inicial de cinco años, con la posibilidad de una prórroga de un año por única vez.

Entre sus principales beneficios, el régimen establece una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y una liberación progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% desde el tercer año de exportaciones.

El texto también habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales, como el CIADI, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje, en caso de controversias con el Estado argentino. Además, contempla que los derechos otorgados bajo el régimen sean considerados “inversiones protegidas” en el marco de tratados internacionales.

Para destrabar el dictamen, el oficialismo incorporó modificaciones reclamadas por bloques aliados. Entre ellas, un plan de integración de proveedores locales con un piso del 20% de contratación, beneficios para proyectos con inversiones en investigación y desarrollo, mayores objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y la creación de un registro público de proyectos aprobados.

También se sumaron exigencias ambientales y sociales. Los proyectos deberán acreditar que no comprometen recursos naturales ni infraestructura esencial en su zona de influencia, y se incorporó una causal de rechazo para iniciativas con impactos negativos significativos.

El oficialismo consiguió el respaldo del PRO, sectores de la UCR, el MID, Producción y Trabajo, La Neuquinidad, Independencia, Por Santa Cruz e Innovación Federal. Ahora, el proyecto pasará al Senado, donde el Gobierno deberá reconstruir acuerdos para convertirlo en ley.