Alquiler de cautelar

Pero lo que descubrió la Dirección General de Aduanas fue que entre las autorizaciones que logró la firma Yoko SA para liberar mercadería salteándose el requisito de validar la SIMI vía cautelar, le “cedió” la autorización a la firma Tropea SA, una empresa dedicada a la importación y venta de marroquinería con marca propia. El total de la mercadería –en dos envíos detectados- superó los u$s 200 mil, pero lo más significativo fue la maniobra descubierta por la División Control Fiscalización Simultánea cuando cruzaron la mercadería importada y a quién correspondía la SIMI “autorizada” por la cautelar.

Pero lo más curioso apareció luego: a través de una hoja con un par de sellos que firma una persona apoderada de Tropea, autoriza a Yoko a realizar “cualquier gestión aduanera relacionada a la AFIP” relacionada con la importación de bienes bajo su marca; autoriza a “comprar y a vender” bajo la marca Tropea y a trasladar los bienes. Lo que sí aclara es que todo ese poder tiene un plazo. Exactamente, un mes.

Lo que en realidad ocurrió fue lo inverso. Yoko SA no utilizó la SIMI. Le “transfirió” la tutela jurisdiccional en beneficio de Tropea, bajo la simulación de que Yoko estaba autorizada a comercializar la marca entre el 21 de junio y el 21 de julio de 2022. Justo el momento en el que la mercadería debía ser nacionalizada con la SIMI pre autorizada de Yoko. En términos llanos, Yoko le “alquiló” la cautelar a Tropea para que pudiera hacerse de su mercadería. Funcionó como una usina de SIMI. Pero esto, lejos de ser una picardía o un atajo ante las restricciones oficiales puede constituir un delito penal.

Por eso, el organismo que comanda Guillermo Michel bloqueó la mercadería antes de que ingresara al mercado, notificó a la empresa de un sumario infraccional y de una multa que podría ser hasta 5 veces el monto importado y los acusó de haber violado el Código Aduanero por una declaración inexacta con perjuicio fiscal. Pero fue todavía más lejos: se presentó ante el juzgado de Madariaga de Negre la puso en conocimiento de los hallazgos y le reclamó que habiendo sido burlada la medida judicial, se extraigan testimonios para formar una nueva investigación ante la justicia en lo penal económico por presunta estafa procesal en el marco de una importación, lo que lo convierte en un asunto federal.

Punta del ovillo

La investigación de la Aduana fue casi artesanal para detectar este modus operandi. Descubrieron también que no fue el único caso. Por eso se destinó un equipo de 15 personas para que comiencen a cruzar la documentación de las SIMI, las cautelares y la mercadería efectivamente nacionalizada en las declaraciones aduaneras. En las últimas horas, apareció mucha evidencia de que este “alquiler” era frecuente. Al igual que este caso, su destino es la judicialización por delitos penales.

Precedentes

El juzgado de Madariaga de Negre había picado en punta en el otorgamiento de medidas cautelares ante reclamos de empresarios para importar. Ámbito reveló el 2 de septiembre de 2021 que ese juzgado, junto con otros dos, concentraban el mayor porcentaje de demandas y que cuando recaían en otros tribunales, los estudios de abogados las desistían y las volvían a presentar hasta lograr la magia del sorteo: que salga un juzgado más permeable a fallar a favor de los accionantes. A los ojos del Gobierno, el fórum shopping se perfeccionó al punto de constituir una institución hasta ahora inexistente: una suerte de “aduana judicial”.

“Notará usted la gravedad de la situación detectada por la Dirección General de Aduanas que, en el caso particular, procura evitar no solo una maniobra que pretende vulnerar los controles aduaneros sino que además ha utilizado y burlado la actuación del poder jurisdiccional quien dicta en su elevado criterio una medida cautelar tutelando los derechos de un sujeto cuando en realidad quien se beneficia es un tercero oculto”, indicó el escrito de las autoridades ingresado al expediente. Tras esta movida, lo que sorprendió dentro del edificio de la calle Azopardo fue que la Subdirección de Legales de la Aduana no se hubiera percatado nunca antes de lo que sucedía con los fallos que coleccionaban en su contra.

Si bien los argumentos para otorgar cautelares podían ser discutibles (sobre todo para bienes suntuarios como autos de lujo o aviones) no había quedado en evidencia, hasta ahora, que se podían intercambiar, lo que compromete seriamente la utilización de esta herramienta judicial y desvirtúa su propósito natural que es proteger un derecho vulnerado de quien la solicita. En el mejor de los casos, se burló a la Justicia. En el peor, las cautelares fueron y son utilizadas para habilitar negocios.