La Justicia federal comenzó a investigar al expresidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Ernesto Reidel, luego de que el fiscal federal Ramiro González impulsara una causa penal por presuntas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas de la empresa estatal.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien apuntó contra Reidel, integrantes del directorio y de la sindicatura de la compañía, además de funcionarios y empleados vinculados al uso de una tarjeta corporativa identificada con la cuenta N° 338402.
En el requerimiento de instrucción, el fiscal González sostuvo que corresponde investigar “si existieron irregularidades penalmente relevantes en la utilización y administración de la tarjeta corporativa” de la empresa estatal entre marzo de 2025 y febrero de 2026.
En la denuncia, también se atribuyó responsabilidad a los integrantes del Directorio, la Sindicatura y a los responsables del control interno de gastos corporativos, por haber presuntamente omitido ejercer los deberes de control, vigilancia y autorización que les incumbían, respecto de los consumos aludidos.
La denuncia menciona posibles delitos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, “peculado”, “malversación de caudales públicos”, “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Según el dictamen fiscal, el caso se originó tras la difusión de un documento titulado “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. — Cuenta N° 338402”, incorporado en la Cámara de Diputados como respuesta a un pedido de acceso a la información pública formulado por la legisladora Florencia Carignano.
De acuerdo al escrito, el reporte contenía “fechas, descripciones de operaciones e importes en pesos y dólares” correspondientes a consumos realizados entre marzo de 2025 y febrero de 2026, de cuyo análisis “surgirían erogaciones que, prima facie, aparecerían ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa”.
El fiscal también remarcó que la documentación “no individualizaba al titular ni al usuario responsable de cada operación”, ni precisaba si los gastos habían sido realizados “mediante un único plástico o varios adicionales”. Además, señaló que tampoco existía “una rendición documentada del destino institucional de cada gasto”.
En otro tramo del dictamen, González destacó que aun en el supuesto de que los consumos hubieran sido realizados durante viajes oficiales, “los consumos observados resultarían incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos”.
Medidas de prueba
Como primeras medidas de prueba, el fiscal pidió incorporar formalmente el reporte de gastos al expediente y solicitó que se identifique a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa investigada.
También requirió información bancaria detallada sobre cada operación realizada, incluyendo fecha, comercio, importe y usuario del plástico utilizado.