El municipio fueguino de Ushuaia se convirtió esta semana en el quinto distrito del país en prohibir las redes de comunicaciones 5G hasta que estudios científicos demuestren su inocuidad tanto para los seres humanos como para el ambiente y con esta medida desató un debate sanitario sobre la utilización de este tipo de tecnologías.

La llamada quinta generación de comunicación inalámbrica, cuyo espectro radioeléctrico fue licitado en Argentina en octubre, plantea un salto exponencial en la velocidad y volumen del intercambio de datos que tendrá incidencia directa en múltiples campos de acción como los procesos de automatización, la inteligencia artificial o la interacción de dispositivos.

A nivel mundial, las principales objeciones a este salto tecnológico han estado relacionadas a cuestiones geopolíticas.

Básicamente debido a la preponderancia de empresas chinas como Huawei y la estatal ZTE en el desarrollo de patentes y la instalación de infraestructura, derivó en sospechas de espionaje y llevó a varios países como Reino Unido y Canadá a prohibir o limitar, no la tecnología, sino el desembarco de esas compañías en los estados involucrados.

Otra objeción al 5G surgió del ámbito aeronáutico cuando empresas aéreas de Estados Unidos como American Airlines, Delta o United plantearon el riesgo de que la tecnología 5G opera en frecuencias cercanas a la de los instrumentos de navegación de las aeronaves, como los radioaltímetros, y recomiendan que esas redes se instalen a distancias prudenciales de los aeropuertos.

Sin embargo, la ausencia de estudios científicos categóricos y actualizados también comenzaron a generar dudas sobre el eventual impacto de estos nuevos flujos radioeléctricos en la salud de las personas y en el medio ambiente.